En varios artículos del Torito hemos dado cuenta de las señales de la crisis económica mundial del sistema capitalista: la importante baja de venta de mercancías a nivel global, el incremento de la especulación financiera y el anuncio de una inminente recesión. Es por eso que para una lectura de la coyuntura actual un punto de partida fundamental consiste en afirmar que la crisis no es producto de la pandemia, aun cuando sea exacerbada o la catalice. Lo anterior implica que se aceleran los procesos de recomposición y muerte de capitales a nivel global y local, pero también la búsqueda de salidas de la crisis para cargarla sobre los hombros de los trabajadores como el desempleo, la precarización y flexibilización del trabajo. El anuncio de la prolongación de la pandemia también trae consigo la extensión de su impacto en profundizar la crisis económica, con las particularidades que tiene la estructura productiva del país.

La pandemia ha implicado que algunos gobiernos en Europa anunciaran medidas orientadas a proteger las empresas y capitales, principalmente con matriz en su territorio. Aunque algunas posiciones ven en ello la garantía de los intereses del pueblo, no nos debemos llamar a engaño. El contenido de clase de esos Estados no ha cambiado y así como pueden expropiar y/o nacionalizar, pueden volver a alimentar los procesos de acumulación futuros, salvaguardando su infraestructura y sin comprometer el proyecto político de fondo. Es en momentos como estos cuando podemos observar con mayor claridad la relación existente entre la burguesía y el Estado para hacer valer sus intereses. Nuestro país no es la excepción, por lo cual vale la pena preguntarse, ¿Cómo afectó la precipitación de la pandemia a los patrones? ¿Cómo actuaron políticamente las diversas fracciones de la burguesía frente al advenimiento de la pandemia en el país? Es decir, ¿en qué medida buscaron hacer valer sus intereses?, ¿cuál fue la política que desplegaron? Aquí aportamos algunos elementos para leer la coyuntura en la primera fase de la pandemia desarrollada durante el mes de marzo, donde se observan claramente algunas tendencias.

Entre el 13 y 23 de marzo, periodo de la fase uno para enfrentar la pandemia por COVID-19, los primeros segmentos de la burguesía más golpeados han sido aquellos ligados a las cadenas de producción global –principalmente la industria automotriz–, los dependientes de las importaciones por las limitaciones al tránsito aéreo mundial. Tras la suspensión de actividades de las matrices en Asia, Europa y Estados Unidos, también lo hicieron las instalaciones mexicanas de Ford, General Motors, Nissan, Volkswagen, BMW, Toyota, Audi y Mazda. Así mismo lo hicieron las productoras de llantas Pirelli, Goodyear, Michelin y Bridgestone, aunque las primeras dos lo hicieron por falta de demanda en el mercado.

Entre las primeras afectadas también estuvieron la industria de transporte aéreo de pasajeros con la cancelación de diversos vuelos nacionales e internacionales, el turismo y la reducción de ingreso de dinero por ese rubro y las empresas de servicios en general –donde labora la gran mayoría de trabajadores de nuestro pueblo–, así como el entretenimiento presencial –conciertos, salas de cine, etc. –. Diversas empresas buscaron paliar el efecto de la suspensión de actividades con la reducción de salarios, bonos y pagos extraordinarios de los trabajadores previas negociaciones que implicaron la reducción de los montos –entre las cuales las más públicas fueron las de GM, Pirelli, Interjet y Aeroméxico– e incluso con el despido de los trabajadores de empresas turísticas como los capitales españoles en Cancún que despidieron a 24 000 trabajadores.

Por otra parte, a partir del 23 de marzo diversas empresas implementan medidas de flexibilización del trabajo, reorganización de turnos y escalonamiento de las jornadas, y la implementación del trabajo en casa,[1] reducción de personal,[2] cierre temporal[3] y servicio en línea.[4] El resto de empresas mantuvo operaciones, e incluso en el caso de aplicaciones y entrega de alimentos a domicilio –Uber, Didi, Rappi, entre otras– mantuvieron sus actividades con ajustes por la contingencia como dotar a los trabajadores de cubrebocas y gel antibacterial, pero sin transformar las condiciones laborales de precarización e inestabilidad cotidianas. Entre ellas, es bien conocido la acción despiadada de Alsea, empresa perteneciente al Consejo Mexicano de Negocios y gestora de poco más de cuatro mil restaurantes de marcas como Starbucks, Domino’s Pizza, Burger King, Chili’s, F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips. Para salvaguardarse dicha empresa buscó sacrificar a los trabajadores con su programa de retiros voluntarios que causó indignación pública. Estas medidas no hacen más que acelerar y mostrar la cara más cruda del proceso de reestructuración del trabajo realizado en las últimas décadas, el cual mantiene e intensifica la explotación de la mayoría los trabajadores, pese a los discursos que buscan mitigar y romantizar el proceso.

No toda la burguesía ha sido afectada, algunos segmentos se vieron favorecidos por la coyuntura. Por un lado, las empresas ligadas a la biotecnología, la farmacéutica, educación privada y el entretenimiento han sido las más beneficiadas. Las trasnacionales que cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Entre los primeros dos rubros estuvieron la Moderna, Regeneron Pharmaceuticals, Forty Seven, Gilead Sciences, Roche Holdings y Johnson & Johnson, mientras que en entretenimiento y educación Netflix, New Oriental Education, Tal Education Group y BiliBili Inc. Por otra parte, Grupo Bimbo dispuso de 720 millones de su línea de crédito que vence en 2023 para usarla a fin de afrontar la crisis, invirtiéndolo en un bono que vence en 2020 para aumentar su capital.

Finalmente, cadenas de supermercados como Wal-Mart, Chedraui, Soriana y la Comer, se beneficiaron de las compras de pánico, en especial de productos de limpieza, abarrotes y todo tipo de consumibles, con ligeros incrementos en sus ganancias y en su cotización en la Bolsa. De todas ellas, Wal-Mart fue la más beneficiada al acaparar el 65 % del mercado, incrementó sus ventas e incluso anunció que contrataría 5 250 empleados para atender la demanda por la coyuntura.

Aunque por el momento estos segmentos nacionales e internacionales ligados a la distribución de mercancías de consumo básico no han sido golpeados, en cuanto se dejen sentir las consecuencias del desempleo y la baja de los salarios, resentirán también la crisis. En ese sentido, la manera en que los dueños del dinero han buscado hacer valer sus intereses obedece principalmente a su fuerza como capitales. A la burguesía en su conjunto le preocupa que la pandemia pueda empujar medidas más radicales por parte del gobierno con mayor injerencia en la economía que afecte sus intereses y la propiedad privada, por lo cual ha buscado mantener los límites claros frente a la 4T y su gestión de la pandemia.

Las fracciones más fuertes que, por tanto, pueden soportar mejor la coyuntura adoptan sin mayor desplante las medidas implementadas por el gobierno. En este bloque se pudieron reconocer claramente a Carlos Slim, de Grupo Carso y la transnacional IDEAL, Agustín Coppel Luken, de Coppel y Germán Larrea, de Grupo México, así como la banca privada que postergó el pago de créditos. Los primeros, además de mantener contratados a sus empleados, han desarrollado acciones filantrópicas orientadas a mostrar disposición de apoyo al gobierno en materia de salud, mientras que la segunda implementó prórrogas para el pago de créditos hipotecarios. Aprovecharon para afirmar su autonomía respecto de las medidas tomadas por la 4T sin entrar en tensión, al tiempo que buscaron legitimarse frente al pueblo con medidas filantrópicas con disposición a sacrificar una parte –mínima­– de sus ganancias. Es bien sabido que Slim donó mil millones de pesos en equipo médico, Coppel 50 millones de pesos para el sector salud y Larrea un hospital para el ejército en Juchitán, Oaxaca.

En tanto que los capitales más débiles se muestran renuentes en un estira y afloje. Son fundamentalmente los empresarios dependientes de las compras en el exterior –como China–, el consumo y el crédito internos. Éstos buscaron afirmar su independencia en los hechos sin deseos de sacrificar las ganancias, aunque a nivel discursivo buscaron matizar su posición y mantener un puente de entendimiento con el gobierno de la 4T en tanto se garantizara mantener el consumo interno y una política fiscal favorable.

Ante el anuncio de la suspensión de labores la CANACINTRA anunció que no se vería afectada la industria de la transformación y que estaban aseguradas las cadenas de abasto, pronto los empresarios cerraron filas en torno al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para incidir en la conducción de la pandemia y gestionar los efectos de la crisis bajo su interés. El CCE se pronunció a partir del 12 de marzo, cuando se posicionó para evitar medidas radicales y contra lo que denominó “extremismos ideológicos”, urgiendo al gobierno a promover la inversión privada y dinamizar la economía. Cuatro días después, ante las compras de pánico, emitió un comunicado para informar sobre la existencia de suficientes mercancías, de su compromiso con el abasto de alimentos y bienes de primera necesidad. Para entonces el CCE había propuesto a la 4T medidas para enfrentar la crisis. Aunque no es público el documento entregado al gobierno, en un comunicado del 19 de marzo las medidas se sintetizaron en 5 áreas: “asegurar liquidez al mercado interno; estimular el consumo privado; facilitar y estimular la inversión privada; elevar consumo e inversión del sector público; y dar señales positivas a los mercados internacionales. Incluyen un amplio número de medidas económicas, fiscales y administrativas que nos permitan fortalecer nuestra economía para sobrellevar la etapa de crisis.”

Además el CCE postuló diez medidas a corto plazo que básicamente buscaban garantías para el capital en la contingencia con financiamiento estatal y disminución de cargas impositivas. Estas fueron: asegurar la liquidez en el mercado financiero; proponía al gobierno abandonar el objetivo de lograr un superávit primario del 1% y usar los recursos liberados para reactivar la economía, contrayendo deuda en caso necesario; el anuncio de un plan de inversiones en el sector energético como parte del Acuerdo de Inversión en Infraestructura entre el sector Privado y Gobierno; garantías para las inversiones privadas en el sector eléctrico y rechazo a consultas populares para revertir inversiones ya hechas; acelerar pagos del gobierno a proveedores de CFE y PEMEX; apresurar las devoluciones de IVA y compensaciones; deducción inmediata de todas las inversiones realizadas por las empresas a lo largo del año; un programa de garantías para fortalecer a los sectores más afectados y un equipo de representación tripartita -empresarios, trabajadores y gobierno-; y en los casos en los que hubiera que despedir personal, apoyo del gobierno a las empresas con recursos fiscales para otorgar a los trabajadores un salario de subsistencia.

Sin embargo, al no recibir respuesta positiva por parte de la 4T diez días más tarde comenzó a denunciar la falta de respuesta, a criticar la acción gubernamental y a presionar propagandizando la dotación de un salario de subsistencia conjunto -empresas/gobierno-. La resolución del conflicto de Constellation Brands, en la que el CCE está involucrado en la asesoría jurídica a la empresa, ha agudizado el distanciamiento de ese segmento de los empresarios. Dicho organismo se posicionó contra las medidas adoptadas por el gobierno y criticó la falta de adopción de su decálogo para afrontar la crisis, tanto como la falta de apoyos. A la par presionó por medio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), advirtiendo sobre las consecuencias que acarrearía para la economía la suspensión del comercio, servicios y turismo.

A partir de entonces, los dueños del dinero comenzaron a manifestarse desde diversos frentes. Basten algunos ejemplos. Grupo Salinas se pronunció sutilmente contra las medidas, señalando que los trabajadores de su grupo empresarial continuarían laborando, con excepción de los vulnerables, matizando su apoyo al gobierno. La CONACAMIN, por su parte, rechazó la posibilidad de dotar de un salario de subsistencia y se pronunció a favor de los acuerdos bilaterales a los que atribuye la posibilidad de soluciones a su favor. Por su parte, la asociación Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), organismo de empresas privadas de seguridad, solicitó al gobierno federal celebrar una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), para establecer medidas preventivas de seguridad frente a saqueos en centros comerciales y garantizar la seguridad de las empresas. Por su parte, la CONCANACO denunció que las medidas tomadas para atajar la contingencia representaban pérdidas diarias de 28.000 millones de pesos. Eso hasta el cambio del momento de la coyuntura, anunciado con el inicio de la fase dos y la extensión del periodo de aislamiento social hasta el 30 de abril. La primera fase de la coyuntura ha mostrado que los dueños del dinero no dejaran de hacer su política arriba para garantizar sus intereses.

Nosotros, los de abajo, trabajadoras y trabajadores, debemos construir un programa propio para enfrentar la pandemia y la crisis frente a la estrategia de los dueños del dinero. Debemos exigir el pago íntegro del salario, trabajemos desde casa o no, pues las grandes empresas mantienen ganancias anuales suficientes como para poder pagar los salarios de sus trabajadores. Que a todos los trabajadores que se encuentran aún trabajando en áreas esenciales se les garanticen sus plenos derechos laborales y de salud. Por la implementación de un seguro de desempleo y garantizar el salario mínimo a aquellos que no tengan ingresos formales. Penalización a las empresas que despidan, descansen voluntariamente a sus trabajadores y/ o asuman las medidas de distancia social disminuyendo los salarios. Garantizar vivienda digna para todos: congelamiento y reducción de rentas, suspensión y/o disminución del pago de servicios. Finalmente, inversión pública para la promoción de trabajo digno bajo control de los trabajadores, ajena a toda solución individualista.

Si hoy día la pandemia nos impide para hacer valer estas reivindicaciones más allá de levantar nuestra voz, debemos preparar las condiciones para hacerlo una vez superada la contingencia. Construir organización de los trabajadores donde no la haya, ganar fuerza donde exista, elevar nuestro nivel de conciencia y movilizarnos para conquistar lo justo. Tejamos la solidaridad hoy día para sobrevivir y luchar.

[1] AT&T, Burson Cohn & Wolfe, Clip, Grin, Crediclub, Insight Values, Pentafon, Grupo Cie, Grupo IPS, Ventura Entertainment, Afirme, A3O Grupo, Telefónica Movistar, Avigrupo, Multiproseg, Technicon, Old Navy, GMS, Farmacias del Ahorro, Cosméticos Trujillo, DVA, Mavi Farmacéutica, Aliat, Atlas Desarrollo, Devlyn, Galdisa y DHL. [2] Banorte, HSBC, BBVA, Hyundai México. [3] Sport City, Sonora Grill Group, Greenpeace, Alsea, Cinemex, Cinépolis. [4] City Café Natural, Energy Fitness, Uber, etc.