Número 28, Año 5, octubre – noviembre, 2018

La guerra contra los trabajadores se agudiza en todos los frentes, y sólo la organización y la lucha pueden poner un alto a esta ofensiva de los patrones cuyo objetivo es desmantelar por completo los derechos laborales. En el sector bancario, por ejemplo, el desempleo se ha convertido en una amenaza para miles de personas que ven cómo día tras día son sustituidos por máquinas y aplicaciones digitales.

Durante el mes de septiembre, BBVA Bancomer anunció el despido de 1500 trabajadores como parte de su “estrategia de digitalización”. Lo mismo ocurrió en Banorte, donde fueron despedidos 350 empleados tras la fusión de dicho banco con el Grupo Financiero Interacciones. Esto quiere decir que, en poco más de un mes, 1850 trabajadores fueron arrojados a la calle. Si tomamos en cuenta que en el sector bancario trabajan actualmente 245 853 hombres y mujeres, estos despidos pueden parecer poca cosa (sólo desde el punto de vista del capital financiero, por supuesto). Pero lo cierto es que la inestabilidad en el empleo dentro del sector bancario es alarmante, muestra de ello es que casi la mitad de las y los empleados, 115 mil 650 para ser exactos, están contratados por outsourcing. Que para ponerlo en términos sencillos: casi la mitad de las y los trabajadores bancarios ni siquiera tienen un acuerdo laboral con el banco para el que trabajan, sino con empresas con poca o ninguna responsabilidad jurídica.

Frente a ese escenario de precarización e inestabilidad en el empleo, y haciendo gala del cinismo que caracteriza a los grandes capitalistas, el presidente de la Asociación de Bancos de México se atreve a afirmar que ¡“los trabajadores de la banca enfrentan el reto de modernizarse y ofrecer mejores servicios”!

La voracidad del capital financiero no se detiene, por supuesto, con la destrucción de los derechos laborales de sus empleados, sino que además ya afila sus garras para especular de una manera mucho más agresiva con los fondos de ahorro para el retiro del resto de los trabajadores. En efecto, si usted tiene dinero en una de las llamadas Afores, debe estar muy al pendiente porque, tal vez no lo sepa, esos recursos que usted ha ahorrado forman parte del capital que día a día se mueve en la bolsa de valores.

En total, las Afores manejan 3.4 billones de pesos, de los cuales 1.5 billones corresponden a “rendimientos netos de comisiones que se generaron a lo largo del tiempo”. La pregunta es: ¿usted ha visto reflejado en los estados de cuenta de su Afore estos “rendimientos”? Seguramente poco o nada, lo cual quiere decir que alguien está haciendo grandes ganancias a costa del dinero que usted está ahorrando para retirarse.

Desde luego, la idea de este billonario negocio es ganar todavía más, pero como “el que no arriesga, no gana”, la política a seguir consiste en hacer inversiones cada vez más peligrosas ¡con el dinero de los ahorradores! Básicamente, los fondos de ahorro para el retiro están a merced de los vaivenes del libre mercado, y en un contexto de inestabilidad económica como el actual, esto representa un grave riesgo a los ya de por sí precarios recursos que un trabajador puede ahorrar si tiene un salario que se lo permita. En resumen, a pesar de los riesgos que corre su dinero, usted va a recibir míseros centavos mientras las afores encargadas de “administrar”, es decir, de especular con sus recursos, van a obtener ganancias multimillonarias. Y si algo sale mal, como suele ocurrir en el capitalismo, usted lo pierde todo

¿Qué esperar con el nuevo gobierno? Nada. Los trabajadores debemos tener claro que los cambios para mejorar nuestra vida nunca han llegado de arriba, sino que los hemos impulsado nosotros a través de la organización y la movilización. Para la administración entrante, hay dos grandes temas en materia laboral: el salario y la reforma al sistema de pensiones. Sobre esta última, ya hay indicios de cuál será la política a seguir. Uno de los ejes consiste en aumentar la edad a 68 años para acceder a una pensión, lo cual ya es grave. Pero además, no se puede perder de vista que para tener derecho a una pensión es necesario cotizar por más de 25 años. Bajo estas condiciones, actualmente sólo el 23.9% de los trabajadores que tienen una Afore podría pensionarse al cumplir 65 años. El 76.1 restante no tendría derecho a una pensión, a pesar de cubrir la edad necesaria, porque no habría cotizado los años suficientes.

Sin duda, una reforma al sistema de pensiones es necesaria, pero esa reforma no puede quedar en manos del capital financiero. Es indispensable que sean las y los trabajadores quienes impulsen y den sentido a una iniciativa que ponga sus propios intereses por encima de los intereses de los bancos. La solidaridad, y no la ganancia, es el principio que puede orientar la lucha por el derecho a una pensión digna frente al escenario, cada vez más cercano, de una población mayoritariamente envejecida y pobre.