Nos encontramos en 2024, un año en el que se cumplen ya tres décadas desde que los altos de Chiapas resonaron con el levantamiento popular representado en la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). A la vez, se conmemoran 64 años de la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro y que jugó un gran papel en la vida política de nuestro país en ese entonces y hasta nuestros días.
En estos contextos de lucha popular histórica, durante más de un siglo, el Istmo ha sido una región en disputa por diversos factores históricos, económicos, políticos de poder y de resistencia. Por ello, los mismos proyectos anclados al territorio de esta zona resultan fundamentales de analizar en todas sus facetas e implicaciones.
En la actualidad, el Tren Maya se acompaña de otros proyectos como la Iniciativa Mérida o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que en su conjunto conforman planes de ordenamiento territorial e intereses geopolíticos ampliamente vinculados a los poderes corporativos privados y estadounidenses.
Según los propios documentos oficiales, el Tren Maya representa hoy en día “el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio” mexicano. Según los sitios institucionales, se trata de “un proyecto que fortalecerá el ordenamiento territorial de la región y potencializará la industria turística de la misma” (Gobierno de México), lo cual implica, en esta perspectiva, que se producirá derrama económica y conectividad en los 1,525km de vías férreas que atravesarán la región del sureste mexicano.
En referencia a los beneficios sociales que promete este tren, una de las principales contradicciones se encuentra en el hecho de que la mayor parte de las licitaciones fueron concedidas a la iniciativa privada, lo cual, en un sistema dedicado a la acumulación y centralización de riqueza, pone de manifiesto el riesgo que tiene que las decisiones sean tomadas en función de la maximización económica para las empresas, incluso a costa de los beneficios sociales o ecológicos de la región.
Al respecto, cabe destacar que la investigadora Violeta Núñez demostró dicha contradicción retomando el proyecto económico “Pejenomics”, el cual fue presentado en campaña electoral y expresaba que el Tren Maya sería financiado con inversión pública (CCMSS 2019, 44). Esta circunstancia, si se toma en cuenta la promesa gubernamental de eliminar los principios del neoliberalismo, en realidad es contradictoria pues no permite que el Estado mexicano asuma un papel clave para contribuir al desarrollo.
Otra parte fundamental de la discusión es, precisamente, la del desarrollo, que cuando viene de la iniciativa privada suele ser más invasivo, pero también, considerando la construcción histórica del Estado-nación mexicano como un estado colonial, que fundó su territorio aglomerando muchas otras naciones originarias en una sola, forzándolas a hablar un único idioma y sin el pleno reconocimiento de sus derechos como pueblos, se trata de un modelo de desarrollo enfocado en ignorar, en gran medida, las necesidades de las comunidades locales, por lo que no se salda una deuda histórica sino que se está ampliando la grieta colonial que durante siglos ha existido en la región.
Por ejemplo, y en oposición a las narrativas institucionales, el Congreso Nacional Indígena
observa una “invasión y destrucción de nuestro territorio por la construcción del mal llamado Tren Maya”, o bien, defensores del territorio como Pedro Uc Be, quien es campesino, maestro y promotor cultural, expone que el tren no es para los pueblos, “porque si es para los indígenas, qué raro que no le hayan preguntado a los indígenas” (Thelma Gómez 2022).
De ahí que sea necesario considerar que el Tren Maya, como proyecto de reordenamiento
territorial, representa también un plan de reorganización de las relaciones sociales, económicas y espaciales de la región. Dicha reestructuración se sostiene a partir de nociones desarrollistas que privilegian el crecimiento económico, la naturaleza desde una visión utilitarista y la exotización de las culturas originarias como la Maya.
La propia Asamblea Múuch ́ Xíinbal reconoce que “aún en medio de toda la destrucción de los capitalistas son muchos los logros que vamos cosechando” (Asamblea Múuch ́Xíinbal). Añaden que “lo primero y más importante es que después de 500 años del intento de exterminarnos aquí seguimos, la organización desde lo comunitario contra el despojo, de igual manera las tierras recuperadas en diferentes pueblos, la lucha de las mujeres por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, la lucha por el agua, la liberación de presos políticos, la reubicación de las estaciones del tren en Mérida y Campeche, el establecimiento de zonas libres de proyectos extractivos, la conservación de las lenguas y las fiestas tradicionales y la construcción de autonomías” (Asamblea Múuch ́Xíinbal).
Todo ello representa la revolución del sureste, la caminata que es permanente por la justicia y por la subsistencia de modos de vida más dignos y propios. Así, y finalmente, una investigación de este tipo, que no busca dar voz sino amplificar y apoyar en la medida de lo posible la voz de los pueblos originarios y las resistencias a través de todas las fronteras internacionales, sólo puede terminar destacando uno de los sentipensares más contundentes de estas luchas: “Afirmamos fuerte y claro y desde nuestros corazones que luchan y se organizan, que seguiremos encontrándonos y artículándonos con otras luchas en todo el mundo” (Caravana y Encuentro internacional El Sur Resiste 2023).
