“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.” Así lo establece el Artículo _____ de nuestra Constitución.
- 123º
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- 3º
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Éste es probablemente uno de los reactivos del Examen COMIPEMS del año 2020 en la sección de Civismo, no dejemos cabos sueltos, en efecto se trata del Artículo 3º Constitucional con las modificaciones hechas en el año 2019.
Podemos notar que la educación media superior y superior se incluyen como obligaciones del Estado a impartir y garantizar; incluso más adelante el artículo 3º dice: “La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo[…]”. Para no dejar en suspenso al lector agregamos la fracción X: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.”
Aquí es donde muchos aclaman con entusiasmo, lanzan vítores al gobierno en turno y se indignan por la necedad de los jóvenes que aún se movilizan por el derecho a la educación, ¿qué no se han dado cuenta que el derecho a la educación media y superior ya está escrito con tinta y es más, a nivel constitucional?. Sí nos dimos cuenta y es por eso que los necios tenemos varias cosas que decir al respecto.
Abordemos lo correspondiente a la Educación Media Superior (EMS). El hecho de que hoy sea etiquetada como obligatoria implica que cualquier joven mexicano en edad de cursar dicho nivel debiera estar inscrito en una institución de educación media superior. Pero no somos irracionales y sabemos que el tránsito a este escenario no es sencillo. Para avanzar en este camino no basta el dicho, hay que hacer algo y ese “algo” implica la asignación de recursos, la construcción de nuevas escuelas, la ampliación de la matrícula en las ya existentes, la contratación de personal, y esto sólo para el arranque.
En 2015 la población de entre 15 y 29 años en México se calculó en 30.6 millones[1], no hay datos disponibles para el año 2020 pero si hacemos un cálculo bajo ciertas suposiciones[2], podemos estimar que hay alrededor de 32.3 millones de jóvenes. Si en adición suponemos que a la fecha se respeta la proporción del 35.1 % de jóvenes entre 15 y 19 años[3], tenemos que hay alrededor de 11.3 millones de jóvenes en la edad idónea para cursar estudios de bachillerato general, profesional técnico o bachillerato tecnológico. Estos 11.3 millones serían los demandantes a satisfacer su derecho constitucional de acceso a la EMS, ¿hay oferta suficiente?. Las alarmantes cifras de exclusión educativa que resultan del examen de admisión a nivel medio superior que aplica la COMIPEMS demuestran que no, para profundizar en esta respuesta le invitamos a leer los artículos “El examen y sus resultados” y “Los engaños y artimañas del examen” de esta entrega del Torito que demuestran esta aseveración.
El mismo INEGI reporta que para 2015, el 37.3% de los jóvenes entre 15-19 años no se encontraban cursando ningún tipo de educación, ¿qué hace esa gran proporción de la juventud?. Probablemente muchos de ellos trabajan y ya podemos imaginarnos que es en el sector informal ya que la edad legal para trabajar es superior a los 18 años, además de que es más probable que cualquier persona que nos topemos en la calle trabaje en el sector informal según las estadísticas del trabajo en el país, asimismo de estos jóvenes debe haber muchos que se suman a la cuarta parte de la población mexicana en edad de laborar que está desempleada. Podemos seguir enunciando posibilidades, pues si algo hay en México son escenarios en los que la educación está ausente en la vida de la juventud, cada uno peor al anterior.
Centrémonos en el futuro escenario laboral al que se enfrentan los jóvenes excluidos de la educación. Las tasas de empleo[4] aumentan considerablemente alcanzando los niveles de educación superior: desde un 70% para los titulados de Técnico Superior Universitario, hasta un 80% para los licenciados o equivalentes, y alrededor del 85% para los que cuentan con títulos de maestría o equivalente o doctorado. En México, los adultos con un título de educación superior ganan en promedio más del doble que los adultos sólo con estudios de educación media superior. Los adultos con un título de técnico superior universitario ganan un 30% más que los que cuentan solamente con estudios de educación media superior, pero aquellos con un título de maestría o doctorado, ganan casi cuatro veces más que aquellos con educación media superior[5]. Entonces, la privación de los jóvenes de la educación media y superior no sólo los excluye de la maravillosa experiencia de pasar por un aula y conocer el mundo desde esa lente, también de la ya de por sí minúscula posibilidad de acceder a un trabajo digno.
Sin duda es necesario que la educación media y superior sean un derecho a nivel constitucional, pero para que éste sea efectivo se necesita que el aparato de Estado construya los cimientos de tremendo proyecto social, al menos se requiere la construcción de más escuelas en todo el país con todo lo que ello implique, de no ser así para una gran parte de la juventud el futuro permanece incierto o en los mejores casos se dibuja con situaciones laborales precarias, sin derechos ni garantías sociales.
Si la primera piedra en la construcción de la educación media y superior como derecho constitucional es el crecimiento de la matrícula y el número de escuelas ¿por qué no se hace?. Rastreemos un poco más el origen de este rezago en la atención a la demanda educativa.
Podemos situar un origen tan lejano como lo es el año de 1823, antaño México contrajo una deuda externa, es decir, el país contrajo obligaciones insolubles hacia entidades extranjeras, esta deuda es cuantificada en dólares y debido a los altos intereses, la reestructuración que ha sufrido y el bajo valor del peso, es impagable. Pero los gobiernos mexicanos han dado piruetas para no quedar mal en el pago ante los capitales dueños de la deuda, por ejemplo para 1980 por cada peso que ingresaba al bolsillo de la nación alrededor de 40 centavos se destinaron al pago de la deuda. La alta proporción del Producto Interno Bruto (PIB) que es destinada al pago de la deuda se consigue tomando un poco de aquí y un poco allá, como lo comprueba el presupuesto público destinado a la educación que decreció frente a lo destinado al pago de la deuda externa[6], estas medidas fueron adoptadas por el gobierno mexicano en atención a las recomendaciones de los organismos económicos internacionales[7], el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A finales de la década de los 80, comenzaron campañas concediendo virtudes a la restricción del gasto destinado a la educación; frases como: “hacer más con menos” o “calidad no cantidad” fueron las precedentes del calificativo de “calidad” como requisito a satisfacer por la educación, que se refiere a la búsqueda de la mayor eficiencia posible con los menores recursos. A partir de entonces, se utilizan mecanismos de evaluación para “medir la calidad” y continuar ahorrando los recursos reducidos al sector educativo, seleccionando no a los más calificados, sino a aquellos más rentables o menos costosos para las instituciones educativas; es más barato aceptar a quienes por su posición social tienen todas las herramientas formativas y condiciones materiales para cursar su educación, que a aquellos que necesitamos que sean las instituciones quienes se hagan cargo de bibliotecas, comedores escolares, transporte público, servicio de copias o becas para poder mantenernos en las aulas.
Durante 1994 con Salinas de Gortari como presidente, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que abre por completo la entrada del neoliberalismo al país, modelo que ya se venía instaurando paulatinamente. Este evento trajo como consecuencia la integración de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo internacional cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales por medio de parámetros únicos que comienzan a establecerse en todo el país, esto da origen a la agencia privada CENEVAL, uno de sus primeros frutos data de 1996, cuando se lleva a cabo el primer examen estandarizado para ingreso a licenciatura.
La OCDE también plantea la necesidad de que representantes del sector privado participen en la política de evaluación, lo que abre la puerta a la privatización y mercantilización de la educación. Con esto, la agenda de investigación de las universidades y planes de estudio viran hacia atender las necesidades del sector privado. Se dejan de lado las necesidades educativas y sociales, se excluye a los docentes y estudiantes de la formación de sus propios planes y programas académicos.
Otra consecuencia del desarrollo del neoliberalismo en México fue la reducción de la matrícula en las principales universidades públicas. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, de 1969 a 1979 la matrícula de licenciatura creció a más del doble (pasó de 60,640 a 154,913); sin embargo, a partir de 1980 comenzó a disminuir, de modo que la matrícula descendió a 136,554 y en 2001 era de 130,778 (24 mil menos que en 1979). Fue hasta ese año que el número de inscritos a licenciatura comenzó a recuperarse lentamente, de manera que hasta 2006 alcanzó apenas al que había tenido casi 30 años antes (156,434 alumnos)[8]. Actualmente la universidad nacional cuenta con 217,808 estudiantes de licenciatura repartidos entre los sistemas escolarizado, abierto y a distancia, cifra que no corresponde con el incremento en infraestructura, planta de profesores y disponibilidad presupuestal de 40 años. Además, no ha sido capaz de satisfacer la demanda que aumenta a pasos agigantados, pues si en 2006 la UNAM registraba 100 mil solicitudes de ingreso, para 2019 registró 290,759[9].
Con este ejemplo queremos señalar que el crecimiento de las instituciones no está únicamente determinado por las condiciones internas de cada universidad, sino que está siempre e inevitablemente relacionado con el entorno político y el modelo de desarrollo. El modelo neoliberal, maquilador y dependiente trajo consigo un deterioro en la cobertura de la educación pública media y superior.
No bastando la reducida capacidad de las universidades, se decide la asignación de esos pocos lugares disponibles y cabe decirlo, el futuro de los jóvenes, a través de un examen estandarizado de opción múltiple, que en tres horas puede echar por la borda doce años de formación académica previa, lo que entra en contradicción con lo estipulado por el Artículo 3º, hecho que motivó esta exposición.
Es urgente que las universidades públicas amplíen su matrícula para que la reforma de 2019 al Artículo 3º Constitucional tenga implicaciones concretas en nuestra realidad educativa, sin embargo, nos queda claro que esto no depende sólo de la voluntad de cada escuela y que será posible siempre que forme parte de un esfuerzo interinstitucional que tome en cuenta la voz de aspirantes, trabajadores de la educación, estudiantes, autoridades educativas y gobierno, en lugar de los emisarios del gran capital como lo son la OCDE y el Banco Mundial. Eso no anula que las universidades echen a andar esfuerzos que les estén a la mano, como el aprovechamiento al máximo de los recursos con los que cuentan hoy.
Consideremos un ejemplo, para el año 2015 el plantel Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X) contó con 13,627 alumnos matriculados (sin tomar en cuenta a quienes se matricularon en medicina), alrededor del 78% de estos estudiantes cursaron sus actividades académicas en el turno matutino, un 17% las cursó en el turno vespertino y el 5 % restante no estuvo inscrito en ningún grupo. Si suponemos el caso ideal en el que la UAM-X oferta el número máximo de lugares disponibles en sus aulas y éste coincide con la capacidad ocupada por el turno matutino, se tiene que al menos el 83% de la capacidad de la UAM-X fue desaprovechado en el turno vespertino, en este ejemplo sencillo podemos concluir que hay alrededor de 11,300 espacios vacíos en el turno vespertino. ¿Que faltan profesores que atiendan esta demanda educativa?, ¿que deben mejorarse las condiciones laborales para que los trabajadores atiendan esta demanda educativa?, ¿que falta presupuesto a la educación para cubrir las necesidades de las universidades? La respuesta en todas estas preguntas es afirmativa, son elementos indispensables a considerar para construir soluciones en torno a la exclusión de miles de la educación, porque lo que no falta son los estudiantes dispuestos a formarse profesionalmente.
Y no sólo es importante velar por el crecimiento de la matrícula, es necesaria una revisión sobre el camino al que se dirige este crecimiento, en la UNAM el peso que se le ha otorgado a las modalidades abierta y a distancia es notorio, para 2018 se registró un aumento del 362% respecto al 36.64% del sistema escolarizado, este crecimiento debe ser redistribuido en beneficio de la modalidad escolarizada.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) es la asociación de las universidades públicas y privadas más grandes del país, entre las que figuran la UNAM, UPN, IPN, UAM, ITAM solo por poner algunos ejemplos, esta asociación se reúne cada tanto, hace diagnósticos sobre el panorama de la educación superior en el país y abre los canales de comunicación entre entidades gubernamentales y educativas. Es un espacio en donde se reúnen muchas autoridades educativas, que han garantizado la homogeneización en el funcionamiento de las universidades en México, algo así como el club de amigos populares en el que se ponen de acuerdo en que todos van a ser élite y a rechazar a muchos de sus aspirantes.
De momento nos interesa retomar el más reciente documento “Visión y Acción 2030” de la ANUIES, en donde plantean ampliar la matrícula de la educación superior en modalidad no escolarizada (virtual, abierta y a distancia), el objetivo es alcanzar al menos el 20% del total de la oferta educativa, proponen, por ejemplo, impulsar la capacitación docente en cuanto a tecnologías de la información y reforzar la vinculación entre la educación y el sector empresarial. Lo que es interesante es que este documento se construye a la par que se reforma el Artículo 3º que expusimos antes, ¿que eso qué importa?, pues sí que es relevante, podemos concluir que se pretende promover la educación no presencial como el mecanismo para alcanzar la cobertura universal de la educación media y superior. Y es por eso que nos preocupa que las universidades públicas promuevan el crecimiento de la matrícula únicamente en los esquemas no presenciales, esa es la estrategia con la que pretenden garantizar nuestro derecho a la educación y no construyendo más escuelas, usando las ya existentes de mejor forma, otorgando mayor presupuesto a la educación, contratando a más profesores. Una vez más nos quieren negar el derecho a usar un banco en los salones de clases.
Es por estos motivos que no quitaremos el dedo del renglón, la obligatoriedad del nivel medio superior y superior es necesaria para afrontar la compleja realidad del país, pero no por ello aceptaremos que nos quieran dar gato por liebre, los esquemas de “educación innovadora” con los que etiquetan a los sistemas no escolarizados en muchos de los casos no son más que capacitación de mano de obra barata.
Hoy insistimos, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, porque es nuestro derecho y lucharemos por él: ¡Educación para todos y todas!
[1] https://www.inegi.org.mx [2] Supongamos que la tasa de crecimiento poblacional es homogénea en todos los niveles, según el Consejo Nacional de Población es de r =0.0108 y que se satisface la fórmula de crecimiento poblacional acumulativo P=Po(1+r)^t con Po la población conocida y t el número de años, además supondremos que el tránsito entre los pobladores que entonces estaban en el rango 15-29 años se compensa con la población entrante. Todas son suposiciones aproximadas por lo que los resultados expuestos sólo son proyecciones que nos sirven para dimensionar el tamaño del problema y no para determinarlo cuantitativamente. [3] https://www.inegi.org.mx [4] La tasa de empleo se define como el cociente entre el número de personas empleadas de determinado nivel de formación sobre el número total de personas de ese nivel. [5] Contreras, A., Enrique, C. (2010). El mercado laboral de los profesionistas en México. México: Universidad de Guadalajara. [6]Aboites, H. (2012). La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México (1982-2012).México:Ítaca, CLACSO,UAM. [7] Recomendamos leer el artículo “A consejo malo, campana de palo” de este número para tener una exposición un poco más profunda de la relación entre los organismos financieros internacionales y la política educativa en el país. [8] Valle Flores, A. (2011). Panorama general 1970 al 2005 de la matrícula y el egreso universitarios en México como indicadores de la tensión en el mercado laboral. Cuestiones de sociología, (7), 114-132. [9] http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/
