Número 31, Año 6, abril, 2019

En lo que va del año, un tema que ha ocupado a los medios así como al presidente de la 4T ha sido el tema de la derogación de la “mal llamada reforma educativa” que en 2016 llevó a los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), a movilizarse de manera masiva en contra de la reforma de carácter laboral que se ocultaba tras el velo de la calidad educativa.

Si bien las movilizaciones del magisterio democrático lograron que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) suspendiera por un año el proceso de evaluación al desempeño docente y en los hechos demostraron que la reforma es inaplicable en distintas regiones del país, debido a las condiciones materiales que se viven en ellas, la reforma no logró derogarse.

Durante su campaña para llegar a la presidencia, AMLO prometió a los maestros que derogaría esta reforma, claramente laboral y que ofrecería mejores condiciones para la reactivación y desarrollo de las normales y de sus egresados; también prometió que ya no había más evaluaciones punitivas y que la educación sería en la realidad lo que en el documento constitucional: un derecho.

Sin embargo hoy, a tan sólo unos meses de distancia, los maestros volvieron a tomar las calles pues una vez más el documento y la realidad no se correspondían. En efecto, el ejecutivo envío una iniciativa de ley con una “nueva” propuesta en materia educativa que, según lo prometido, debería apelar a la generación de condiciones para hacer de la educación un terreno de derechos tanto para los estudiantes como para los profesores y sobre todo, para aquellos que se están formando para ser profesores. Mas no fue así.

Lo que se está debatiendo en San Lázaro más allá de las modificaciones a un documento, es la continuidad de una reforma que en esencia sigue siendo laboral, pues como lo han señalado algunos especialistas en el tema como Hugo Aboites (UAM-X) o Luis Hernández Navarro (La Jornada), así como los mismos maestros, la “nueva” reforma conserva los puntos estratégicos de la reforma anterior: mantiene el régimen laboral de excepción para los maestros pues no respeta el marco legal del articulo 123 constitucional que señala la importancia del trabajo digno así como la creación de empleos; señala la desaparición del INEE y la creación de un nuevo organismo que retoma toda la estructura y recursos del anterior instituto de evaluación educativa; también mantiene la necesidad de un espacio de vocación privada desde el cual la “sociedad civil”, es decir, la OCDE, Mexicanos Primero y otra serie de empresas, pueda intervenir de manera directa y avalada por la Constitución en la conducción y organización de la educación, dejando fuera de estas decisiones a los maestros y a la comunidad. Este último punto es fundamental pues este espacio ocupado por el sector empresarial es el que tendría todas las facultades para emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje, la mejora de las escuelas, y sobre todo, en relación al tema de la organización y la gestión escolar. Así, serían los empresarios y no los maestros y especialistas en cuestiones educativas los encargados de determinar si la labor de los docentes está funcionando o no.

Por evidentes razones, los diputados del PRI y PAN votaron a favor, incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), se manifestó a favor de la nueva reforma en materia educativa; no obstante, el sector democrático manifestó un abierto rechazo a esta nueva reforma que sigue sin respetar sus derechos y que mantiene la línea de exterminar al normalismo. Es falso que el rechazo de la CNTE a la actual reforma sea por el tema del control de plazas, lo que el magisterio ha insistido en señalar es el desprecio del gobierno al magisterio y la indiferencia de éste frente a sus necesidades laborales y estructurales.

Ante la falta de acuerdo, el pasado 16 de abril del presente año, AMLO envío un memorándum a Olga Sánchez Cordero (Segob), Esteban Moctezuma (SEP) y Carlos Urzúa (SHCP), en el que decreta la suspensión de la reforma educativa aprobada el sexenio pasado así como la orden para dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de dicha reforma; en el documento también se sugiere la reinstalación de las maestros cesados por la aplicación de la reforma educativa de EPN, la liberación de los presos y luchadores sociales por la defensa de la educación, y la indemnización a familiares de aquellos que hayan muerto por defender sus derechos.

En dicho documento también se señala que la educación debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos sus niveles; que la nomina del sector educativo quedará bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esto para evitar cualquier tipo de corrupción, y que la Secretaría de Educación Pública (sep), será la encargada de administrar las plazas magisteriales y de garantizar la contratación de egresados de las normales públicas del país. Asimismo, señala que la Secretaría de Gobernación (Segob), deberá realizar las diligencias necesarias para liberar a los maestros y luchadores sociales que se encuentren en prisión por oponerse a la reforma de EPN o por haber participado en otras causas sociales justas.

Como era de esperarse, los representantes del Pacto por México, así como de otros sectores empresariales, no tardaron en decir que el memorándum y lo expuesto en él era inconstitucional; la CNTE ha declarado que “hasta no ver, no creer”. Sin embargo, más allá de lo que los medios retoman para mostrarnos la nota del día, cabe preguntarse ¿Quién gana con la “nueva” reforma educativa? Vislumbremos algunas respuestas.

Aunque no lo parezca, gana el Pacto por México y todos los empresarios que cuidan que se cumplan los mandatos de la OCDE y organismos similares. Ganan los partidos que defienden los intereses de esas grandes empresas. Gana el gobierno en turno que ahora tiene un tiempo más para seguir negociando con la cnte; ganan todos ellos porque una vez más se deja fuera a la cnte para decidir de manera directa el rumbo de su sector, en este sentido, cabe preguntarse ¿qué gana la CNTE? ¿qué gana el magisterio? ¿es este memorándum una garantía para los maestros o una simple estrategia del gobierno para negociar y no perder? y si seguimos con las preguntas, podríamos cuestionarnos ¿qué necesita la CNTE y el magisterio para ganar sus demandas?

Le invitamos, querido lector/lectora, a estar pendiente de este proceso, a informarse, a estudiar y conocer larga historia de lucha y resistencia del magisterio, pues quizás en ese voltear a mirar al otro, nos encontremos y quizás ahí se encuentre alguna respuesta a las interrogantes que hoy nos plantea la realidad.