Distribución de la riqueza y clases sociales
Los programas sociales, sin importar la perspectiva o el enfoque desde el que se ejecuten, son transferencias de riqueza producida socialmente que se dirige desde el Estado hacia las clases trabajadoras, sin alterar sustancialmente la estructura de clases existente puesto que no altera la estructura de producción, ni la distribución de los medios fundamentales de producción e intercambio. Veamos.
En las sociedades contemporáneas, existen diversas formas en que alguien puede obtener la parte de la riqueza social que le corresponde, según la clase social a la que pertenece. Así por ejemplo, si se es burgués o gran patrón se obtiene la mayoría de la riqueza por medio de la plusvalía, esto es el excedente de valor que han producido los trabajadores, sea que esta plusvalía se presente al burgués particular, como ganancia industrial, ganancia comercial o intereses; por otro lado, hay quienes obtienen parte de la riqueza social por medio de la reproducción mercantil simple, esto es, la producción y venta, o la mera comercialización de mercancías, servicios o bienes, que sólo permiten obtener lo necesario para mantener el ciclo productivo o comercial y sin hacer posible la gran acumulación de riquezas, ejemplo de ello son los pequeños comerciantes o artesanos y pequeños productores autónomos que, como se dice ahora, viven al día; existen también quienes obtienen la parte de riqueza social con que viven por medio del salario, esto es, por la retribución monetaria o en especie obtenida tras la realización de un trabajo, este es el caso de los trabajadores asalariados. Los últimos dos segmentos de la población, como podemos inferir, viven de su trabajo, mientras que la burguesía lo hace del trabajo de otros, mediante la explotación.
Este breve esquema nos permite comprender que los programas sociales son un mecanismo a través del cual los millones que no obtenemos la riqueza por medio de la explotación de otras personas, sino mediante nuestro trabajo, obtenemos un porcentaje de nuestros ingresos. Lo que recibimos por medio de programas sociales, o incluso como parte de la política de derechos sociales, no son dadivas, ni regalos otorgados por gobiernos, por el contrario, son sólo una forma en la que percibimos una pequeña parte de la riqueza que producimos.
Entre la hegemonía y el consumo: los objetivos de los programas sociales de la 4T
Los programas sociales impulsados por la 4T buscan varios objetivos, todos, como hemos mencionado, enmarcados dentro de los límites cada vez más estrechos que permiten la acumulación y reproducción ampliada de capital. Algunos de estos objetivos serían:
1) Fortalecimiento de la hegemonía político-ideológica y la consecuente construcción de un aparato clientelar-electoral. Mediante la amplia y masiva repartición de becas, apoyos económicos y créditos de diverso tipo, se logra obtener el respaldo popular. Éste se convierte, gracias a la labor de propaganda adecuadamente dirigida, en legitimidad y fortalecimiento de la hegemonía política que ejerce el actual gobierno. La confianza que amplias capas de la población han otorgado al actual presidente se fortalece cuando se recibe dinero para solventar los gastos del día a día, y esto es normal, tras tantos años de marginación en muchos casos y otros más de presiones y chantajes para ser beneficiario de algún apoyo.
La red de programas sociales y apoyos económicos busca, como en el pasado, construir un aparato clientelar que dé sustento logístico a las pretensiones electorales de Morena y de AMLO en particular. Hasta aquí no hay nada nuevo en relación con los viejos gobiernos, sin embargo, a la política social usada como herramienta electoral se añade ahora el uso de esta política social para consolidar la hegemonía del gobierno, esto es, los programas y apoyos no son recibidos por la población sólo como un precio a cambio de su voto, sino como la promesa cumplida de una mejor atención y de un gobierno realmente popular, este cambio de perspectiva es fundamental ya que es a partir de esta nueva visión que se avanza en la consolidación de la hegemonía, de la capacidad de dirección que tiene este gobierno sobre amplias capas de la población.
En este sentido el gobierno tiene el reto de no sólo mantener los apoyos y programas, sino de ejecutarlos con un grado de eficiencia difícil de alcanzar, por ello, y para no compartir el capital político que esto significa, el grado de centralización y de control que ejerce la presidencia sobre la ejecución de dichos presupuestos tiende a crecer, aun cuando en condiciones particulares deba invitarse a la foto a gobernadores o presidentes municipales.
Una primera tensión que aparece, dado este objetivo, son las dificultades administrativas y de gestión que ha tenido la implementación de algunos programas sociales; tanto la repartición de becas en tiempo y forma, como la adquisición y repartición de medicamentos o fertilizantes, por ejemplo. Esta tensión obedece, no sólo ni fundamentalmente, a la inexperiencia, sino sobre todo a la premura por la ejecución, así como a la cadena de responsabilidades que se ha elegido, la cual incluye viejos funcionarios o caciques locales; se trata en general de un mecanismo, que como ya dijimos es altamente centralizado y vertical, por lo que suele dejar de lado a los pueblos y comunidades que recibirán las becas y apoyos.
Es posible ubicar la aparición de otra tensión en relación a la operatividad de los programas sociales y los intereses empresariales en ese terreno. Por un lado, el papel central que hasta ahora juegan las instituciones financieras privadas, en especial Grupo Salinas y su Banco Azteca, y por otro lado, las pretensiones gubernamentales de construir un aparato financiero estatal, el llamado Banco del Bienestar.
Sobre este último habría mucho que decir, por ahora baste sólo mencionar que su creación se enmarca en la llamada política de inclusión financiera, nombre gubernamental que alude a la necesidad de generar las condiciones para que cada vez más personas, comunidades y pueblos, puedan ser integrados a los mercados financieros, sometiendo de manera más estrecha a las poblaciones que hasta ahora se encuentran alejadas de los intereses de bancos y financistas.
Bajo esta política se busca, como lo anunció AMLO en la 83 Conferencia Bancaria,[1] en marzo de este año, que los bancos privados participen de la construcción de las instalaciones y capacidades logísticas para que en cada pueblo y comunidad, por más alejada que se encuentre, exista una sucursal bancaria que haga posible el depósito de las becas y programas sociales, pero que al mismo tiempo permita a los bancos privados acceder a estos recursos para incluirlos dentro de la gran masa dineraria que ellos concentran, controlan e invierten para obtener jugosas ganancias y al final dejar rendimientos ridículos a los usuarios de los servicios financieros. En pocas palabras, se busca jinetear el dinero de cada vez más gente, ahora de la gente más pobre.
2) Incentivar el consumo. El segundo objetivo fundamental que se persigue con los Programas Sociales es incentivar el consumo. Con las becas y apoyos económicos no se pretende, ni se podría, cambiar la estructura productiva nacional, mucho menos favorecer la inversión productiva en áreas estratégicas, etc., sólo se busca asegurar que amplias capas del pueblo puedan ir al mercado y consumir.
Incentivar el consumo es una urgencia siempre presente dentro del sistema capitalista. Ante las condiciones de pobreza crónica, precariedad laboral y en general bajos salarios, los millones de trabajadores no consumen todo lo que necesitarían; para los burgueses y grandes empresarios es un problema que las más diversas mercancías se queden sin vender, porque mercancía que no se vende es mercancía que no otorga ganancias, es capital que no fluye, que se estanca y tarde o temprano se devalúa. Es una de las grandes contradicciones del capitalismo, por un lado necesita trabajadores mal pagados, entre menos se les pague mejor, y por otro lado necesita grandes consumidores, nos dicen: “entre más consumas más eres”.
Para enfrentar este problema los gobiernos y grandes burgueses han insistido en una política que por un lado frena las alzas salariales y por el otro facilita el crédito al consumo. El actual gobierno busca incentivar el consumo con los recientes aumentos salariales, aun bastante lejos de lo necesario, y con los apoyos económicos y becas de los programas sociales.
Si un estudiante o joven, si un ama de casa o un anciano, pueden recibir su beca y con ello comprar lo necesario para subsistir, el programa habrá sido un éxito. Sin embargo, vale la pena preguntarnos si los millones de trabajadores, si el pueblo de abajo, sólo necesitamos subsistir y sobrevivir, o por el contrario necesitamos vivir. La juventud, las y los ancianos, los millones de trabajadores y campesinos, no necesitamos sólo un poco de dinero para comprar algunas cosas, necesitamos satisfacer una serie de necesidades y derechos sociales: la salud, la vivienda, la educación, el agua, el acceso a la información, al ocio y al disfrute de la cultura y el arte, la participación consciente, libre y democrática en la toma de decisiones públicas, etc.
Luchar contra la enfermedad, por una vida digna.
Pensando en esto último es que podemos afirmar que la resolución de la crisis actual, sino queremos alargar la agonía o transferirla a las nuevas generaciones, cosa de por sí complicada dada la intensidad de la tormenta, pasa por avanzar en la construcción de una vida digna. Se trata no sólo de distribuirnos más y mejor el pastel, aunque sin duda avanzar en esto es importante, sino de cocinarlo según los intereses de las mayorías. Si buscamos satisfacer nuestras necesidades sociales y no sólo asegurar que los bancos, empresarios y grandes burgueses se enriquezcan, entonces deberíamos no sólo limitarnos a distribuir de mejor manera la riqueza, sino ante todo a distribuir de manera más equitativa y racional los medios para producir esa riqueza, y con ello modificar el modo en que producimos todo.
Para que la distribución de la riqueza apunte hacia una verdadera solución de la crisis, no bastan los programas sociales, las becas y los créditos, también son necesarias la organización popular, el trabajo de base, la independencia política y la ejecución de una ruta, cada vez más profunda, de socialización de las empresas fundamentales. Sin ello, la distribución de la riqueza corre el riesgo de quedarse en los márgenes estrechos del clientelismo electoral, de la cooptación política, del control social y de la agudización de la crisis.
No se trata que el gobierno impulse la acumulación y reproducción de capital con dinero público, o que el dinero de becas y apoyos sociales terminé en las manos de los grandes empresarios y burgueses, sino que se socialicen las riquezas que de por sí generamos todas y todos. Que se vuelvan propiedad común los medios que usamos para producir y que no se quede en manos de unos cuantos lo que entre todos creamos.
Si bien este horizonte parece lejano o utópico, hoy día es posible y necesario. Posible porque ya millones participamos en la creación de riqueza, sólo hacen falta medidas concretas para que ésta no nos caiga a cuenta gotas, sólo falta quitarles a los que todo tienen lo que nos pertenece, para que desde abajo democráticamente decidamos qué hacer y cómo hacerlo. Este horizonte es también necesario porque en ello nos va la vida, ni más ni menos.
[1] AMLO, Versión estenográfica, 38 Convención Bancaria, Acapulco Gro, 13 de marzo 2020, en www.lopezobrador.org.mx;
