La universidad pública, ese espacio al que cientos de miles de jóvenes ingresan cada año, ha sido razón de lucha durante los últimos cien años en México. En esta ocasión, con motivo del 25 aniversario de inicio de la huelga estudiantil de 1999-2000 en la UNAM, nos interesa elaborar algunas ideas sobre los avances y tareas pendientes en la lucha por la universidad pública.
Los avances:
Si bien existen diversos aspectos destacables de la huelga de 1999-2000, en este momento nos interesa enfocarnos en dos grandes logros de dicho movimiento estudiantil: detener las reformas a los reglamentos generales de Pagos, Inscripciones y Exámenes, así como haber construido un ejemplo vigente de organización estudiantil que logró articular las discusiones de las diversas asambleas por escuelas, facultades y planteles.
El movimiento estudiantil de 1999-2000 consiguió detener el último intento de las autoridades universitarias por anular el pase reglamentado de bachillerato a licenciatura, eliminar la permanencia indefinida de los estudiantes inscritos e imponer cuotas de inscripción y colegiaturas.
El Consejo General de Huelga (CGH), el órgano representativo del movimiento, fue heredero de movimientos estudiantiles previos, como el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de 1986 y de la huelga de los CCHs de 1995, de los cuales aprendió aciertos, errores y detalles importantes sobre la estructura y principios organizativos. A su vez, ha sido referencia para los movimientos posteriores.
Las tareas pendientes:
Aunque es nuestra intención celebrar este aniversario y seguir recordando la relevancia del CGH y la lucha de principios de milenio por la universidad, lo cierto es que tampoco queremos exponer una visión triunfalista y un retrato deformado de lo que es hoy en día la UNAM.
Nos parece relevante exponer tareas pendientes de la lucha por una universidad pública y popular, y mantenernos alerta porque no sólo los estudiantes aprendemos de esta historia, sino también las autoridades universitarias que siguen interesadas en concretar las reformas neoliberales que de momento no pudieron implementar plenamente.
Hay varios aspectos de la universidad actual en los que nos parece fundamental centrarnos para proseguir la lucha por una universidad pública por y para sus estudiantes, profesores y trabajadores.
Uno de estos aspectos relevantes son las precarias condiciones de trabajo de los trabajadores académicos y administrativos: los salarios son bajos y están estancados (no han crecido al ritmo de la inflación, por lo que son inferiores que en décadas previas); la contratación semestral y el pago por hora mantiene a más del 60% de los trabajadores en inestabilidad e incertidumbre constante; además, el sistema de remuneración por estímulos premia la competencia individual e inhibe la lucha colectiva por mejoras salariales y contractuales. Una universidad que paga mal a sus trabajadores no es la universidad pública que queremos.
Otro aspecto que nos interesa destacar es que desde hace décadas se han implementado esquemas educativos por cobro al interior de la UNAM. Es el caso del programa Educación Continua, un proyecto que permite a la institución vender su nombre y rentar sus instalaciones para que actores privados impartan y cobren cursos al público en general. La educación por la que luchamos no es un negocio y es de acceso abierto al público.
Aunque para muchos la huelga representó un ejercicio democrático expresado en las asambleas de las escuelas, hoy la universidad pública está lejos de tener estructuras democráticas que permitan a la comunidad universitaria definir qué tipo de proyecto educativo desarrollar y cómo gestionar los recursos de la universidad. Mientras siga existiendo la Junta de Gobierno de la UNAM, las decisiones se seguirán concentrando en una élite que mantiene el poder. Una universidad antidemocrática, elitista y clasista no es la universidad que soñamos.
Si bien la privatización de la UNAM no se va a dar por decreto (por ahora), consideramos que este proceso ha avanzado poco a poco, con la influencia de la iniciativa privada en la evaluación, el desarrollo de planes y programas de estudio, y en el financiamiento de investigaciones. La universidad ha dejado de lado sus principales funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura para dedicarse a producir profesionales para un campo laboral que demanda trabajadores semicalificados.
La batalla por construir la universidad popular que queremos debe atender la falta de presupuesto que el gobierno federal ha perpetuado, fenómeno visible en el estancamiento de la matrícula escolar (la demanda aumenta año con año, pero no los lugares). Del 2015 al 2021, según cifras de la UNAM, el presupuesto aumentó cerca de un 4 por ciento. Esto es menos que en años pasados y representa un mínimo esfuerzo por aumentar la matrícula. Además, se sigue destinando menos del 1 por ciento del PIB, aún cuando en el artículo 25 de la Ley General de Educación Superior dicta un mínimo de 8 por ciento para el financiamiento de la educación superior.
Sobre este episodio de nuestra historia (la huelga, claro está) siempre se puede decir mucho más, pero nos falta espacio y tiempo, además de que probablemente hemos escritos más y mejor sobre el tema en otros espacios, así que te compartimos algunas ligas que esperamos sean de tu interés:
La disputa por la educación superior: entre el derecho y la ambición; Palabras Pendientes, [Nº 11, 2012], descárgala en: https://tejiendorevolucion.org/revista-palabras-pendientes/descarga-palabras-pendientes/
Huelga y rebelión estudiantil en la UNAM: 20 años después; El Torito [número especial 6, año 6, 2019], descárgala en: https://tejiendorevolucion.org/archivo-tor/publicaciones-tor/
