Los trabajadores y la 4T

Antes que nada debemos tener claro que hablar del mundo del trabajo y de lo laboral exige pensar el modo concreto en que la economía mexicana se inserta en el capitalismo global. La inserción internacional será la misma y parece no haber nada que indique lo contrario. México aporta fundamentalmente al mercado global fuerza de trabajo y recursos naturales; la primera barata, precarizada, móvil, y explotada principalmente a traes de varios procesos descentralizados de producción (maquila) de empresas trasnacionales monopólicas; los segundos, obtenidos mediante despojo y extraídos mediante esquemas desregulados de alto impacto ambiental y social, desde el fraking hasta la minería a cielo abierto, pasando por la apropiación de gas y agua para proveer a las maquilas instauradas a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo hacia la zona norte del mismo. Este modelo económico tiene varias consecuencias, entre ellas que la política laboral de precarización se profundiza y, por otro lado, se afianza la dependencia y subordinación a los intereses imperialistas de los EEUU en particular.

Vale la pena recordar que la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario durante los últimos 30 años alcanza 80%, por lo que el aumento al salario mínimo ofrecido por el Estado es insuficiente, sin contar que el aumento mayor es sólo ofrecido en la zona norte. Para alcanzar el nivel de finales de los 80 se requerirían tres aumentos más como el dado a principios de año, que éste fuera generalizado y que la inflación no aumentara.

Sobre el aumento en la zona norte, que alcanzó 100% de incremento respecto al salario mínimo del 2018, vale la pena insistir que se trata de una medida requerida por los EEUU para la aprobación de la nueva versión del TLCAN, hoy T-MEC (Tratado México, Estados Unidos, Canadá). Con este aumento los EEUU buscan fortalecer su industria automotriz, competir de mejor forma con China al provocar que las empresas armadoras y maquiladoras de autos vuelvan a territorio Estadounidense y disminuir el porcentaje de componentes de los diversos productos, en especial automóviles y telecomunicaciones, que provienen de China u otros países fuera de México, Canadá y EEUU.

Otro elemento de la política laboral que permanece es la precarización del trabajo, o como le llaman en los grandes medios y los burgueses: la flexibilización laboral; esto es, la pérdida de derechos, la falta de seguridad social, la baja de salarios, la facilidad y abaratamiento del despido, y en general condiciones de sobre explotación del trabajo.

El programa de Jóvenes Construyendo Futuro entrega fuerza de trabajo gratuita, subsidiada por el Estado, incorporando una parte importante del ejército industrial de reserva ocupado en la realización de mercancías, fundamentalmente bienes de consumo, como proletariado informal. La aprobación de las leyes secundarias que echan a andar la reforma laboral de 2012 mantienen en la legalidad la subcontratación, ésta es considerada un problema jurídico -que sólo hay que regular o limitar-, más que un problema económico-político de relación entre clases sociales y de explotación que hay que eliminar. Sin embargo, hay que decir que al menos la legislación pone límites de tiempo y controles, inspecciones y multas para las empresas que contratan vía outsourcing, pero no ataca a las empresas de outsourcing, de las cuales comienza a tener registro.

En el mismo canal de afianzar la precarización se encuentra la política de Estado hacia el sindicalismo. Con el discurso de fortalecer la democracia sindical, atacar a los sindicatos blancos y de protección, así como de “evitar que los sindicatos chantajeen a los empresarios”, la reforma laboral, recién publicada en el DOF el 1 de mayo pasado, continúa con la inercia de control de los trabajadores a través del nuevo órgano que sustituirá a la juntas, el llamado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y al imponer reglamentaciones y dinámicas a las instancias internas y los mecanismos de toma de decisiones dentro de los sindicatos, ataca la autonomía e independencia sindical. La eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje sitúa al derecho laboral en los marcos del derecho civil entre privados, anula el carácter tutelar del mismo y contribuye a fortalecer el control de los trabajadores por parte del Estado.

El gobierno de la 4T trabaja también, vía Napoleón Gómez Urrutia, por una reestructuración del movimiento sindical que arrebate el control sobre el movimiento obrero a la CTM y lo ancle a los intereses estatales del gobierno de la 4T. El control de las y los trabajadores se buscará ahora mediante la línea estratégica de la llamada “nueva cultura laboral” que, parece no tener nada de nueva, antes bien recuerda la vieja política reformista que promueve: “dejar las huelgas y tomar los libros para capacitarnos” o afirma “que si le va bien a la empresa, le va bien al sindicato”. En el mismo sentido apunta la creación de Petroleros de México (PETROMEX) como sindicato impulsado por fuerzas de MORENA para disputarle el CCT al siempre charro STPRM en Pemex.

La buscada reestructuración del movimiento obrero sindical con miras a un mayor control de los trabajadores por parte el gobierno, el aumento salarial, así como en general las esperanzas despertadas por lo que muchos trabajadores consideran un nuevo régimen en beneficio de los de abajo, han provocado una oleada de movilizaciones y huelgas en estos estos primeros meses de la 4T; desde los paros y cierres en las maquilas y empresas de Tamaulipas y el norte del país, hasta las huelgas por aumento salarial de varias instituciones educativas y universitarias. Estos procesos, más allá de los intereses empresariales, corporativos y estatales que están en juego, también han representado espacios de lucha y aprendizaje para los trabajadores, verdaderas escuelas políticas donde no son pocos los trabajadores que profundizan la claridad sobre sus intereses y su identidad de clase, que transitan de las demandas económicas salariales a la necesidad política de democratizar o formar su sindicato.

Dentro de la política laboral y el mundo del trabajo no se puede olvidar la relación que mantienen el gobierno federal y la patronal, la burguesía propiamente dicha y sus representantes políticos en el gobierno y la administración pública.

Los enfrentamientos y pugnas entre AMLO y la burguesía han quedado en el pasado, al menos sus momentos más agudos. En el 2006 la confrontación alcanzo quizá su expresión más aguda, con aquello de “,andar al diablo a las instituciones” y el plantón en Av Reforma, la lucha contra el desafuero de años antes y las protestas contra el fraude electoral de 2006 fueron los momentos más álgidos de un conflicto entre los sectores más empoderados de la burguesía, nacional y transnacional, contra lo que concebían como un “peligro para México”, por no ser propiamente AMLO uno de sus cuadros más cercanos, alguien en quien confiar absolutamente, por ejemplo, se les había salido del corral al llamar a movilizaciones y marchas, al amenazar con soltar el tigre.

En los meses que van de la 4T así como durante la campaña electoral se ha notado claramente una distensión en las relaciones entre el peje y la burguesía representada en organismos como el CCE, la Coparmex o el CMN. De una propuesta que ponía “primero lso pobres”, se pasó a “un gobierno para ricos y pobres” y una “república amorosa” que otorgaría perdones a diestra y siniestra a los antes miembros de la mafia del poder, ahora limpios de todo pecado gracias a que, en palabras del jefe de la 4T, habían obtenido su riqueza de forma limpia, sin corrupción.

Sin embargo, no todo es la miel sobre hojuelas de los primeros días de la luna de miel entre el ahora presidente y la burguesía. A poco más de medio año de gobierno persisten viejos rencores, disensos puntuales, que si bien no ponen en riesgo el gran acuerdo estratégico que lograron gobierno y patronal, si dificultan algunas decisiones, generan rispideces en algunos asuntos; por ejemplo, el enfrentamiento con Alberto Bailleres, con fuertes intereses en la industria minera y, en contra parte, el apoyo a Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero; o la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la misma lucha contra el huachicol, la intención de fortalecer Pemex, entre otras medidas.

Hasta ahora parece haber una camada de grandes burgueses que han sabido subirse mejor al tren de la 4T puesto que comprenden en lo general que este gobierno es la mejor oportunidad que tienen para renovar sus influencias, mantener su poder y afianzar sus negocios; no por ello sin dejar de confrontar al gobierno cada que sienten que alguna decisión podría afectarlos así sea mínimamente: Ricardo Salinas Pliego, Slim, Azcarraga, Carlos Hank González, Miguel Alemán Magnani, todos coordinados por Alfonso Romo. Algo más distanciados se encuentran personajes como el ya mencionado Bailleres, los Servitje, Roberto Hernández o María A. Aramburuzabala, quienes desde el Consejo Mexicano de Negocios parecen más reacios a entender la nueva configuración gubernamental, sin que ello suponga una disminución de sus negocios y ganancias. Avanzando el tiempo veremos qué sectores de la burguesía logran una mayor participación en las definiciones del gobierno, cuales mantienen una relación tensa y si es que algunos optan por una ruptura más abierta.