[Descarga PDF] «Por Tejiendo Organización Revolucionaria | Febrero, 2019 »

Durante la huelga estudiantil de 1999-2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el discurso ideológico que construyó el Estado Mexicano en torno a los estudiantes, las causas de su lucha, sus demandas concretas y en torno a su órgano directivo, el Consejo General de Huelga (CGH), tuvo una línea muy clara: deslegitimar la denuncia y desprestigiar y anular al CGH como interlocutor político.

El Estado, incluidas las autoridades universitarias, se valió de diversos mecanismos para desprestigiar a un movimiento que hizo frente no sólo a un proyecto de reforma al Reglamento General de Pagos (RGP), sino también al intento de privatización y mercantilización de la educación pública en México.

¿Cuáles fueron los mecanismos utilizados por el Estado para anular al CGH y al movimiento estudiantil que representaba?

A continuación, ubicaremos a partir de cuatro momentos, la manera en la que las autoridades universitarias de la mano de los partidos políticos, articularon ideas y representaciones alrededor del movimiento estudiantil que incluso hoy siguen presentes en el imaginario colectivo y que fueron la piedra angular para justificar la represión. Resta decir que en este proceso los medios de comunicación masivos tuvieron, y siguen teniendo, un papel central.

Primer momento: La justificación neoliberal y Los profesionales de la protesta. Los meses previos a la huelga.

Previo al estallamiento del conflicto y utilizando el argumento de la disminución del presupuesto destinado a la Universidad, las autoridades universitarias iniciaron una campaña mediática para promover y justificar el aumento de las cuotas universitarias a nivel medio superior, superior y posgrado. En los medios, el aumento de las cuotas era mostrado como un acto de justicia social que permitiría financiar las necesidades de la universidad. Al respecto el rector Barnés afirmaba: […] un sistema de gratuidad absoluta implica un trato igual a los que de ninguna manera son iguales. [...] Esto hace que un esquema de cuotas como el que he planteado sea más equitativo que un esquema de universidad gratuita (Francisco Barnés de Castro, 28 de febrero 1999).

Lo que se hallaba detrás de esta buena y racional propuesta de Barnés era, como bien señaló el CGH, la entrada y aplicación de las políticas neoliberales a la UNAM y a la educación superior. En efecto, desde una postura liberal suena racional que el pago de la educación sea proporcional al ingreso económico de las personas (suponiendo que esto se cumpla). Sin embargo, en esta postura subyace el entender a la educación como un servicio y no como un derecho. Desde una postura social, la educación debe ser un derecho garantizado por una institución social y no debe ser asumido de manera individual, ya sea equitativamente o no. Esta individualización o liberalización de los derechos fundamentales como la educación o la salud es el sustento ideológico de la política neoliberal de los ochenta.

Dicha campaña generó una fuerte oposición en amplios sectores estudiantiles, algunos de ellos organizados previamente y otros que se vieron convocados a hacerlo para hacer frente a las políticas que pretendía imponer el rector.

Justificar el aumento de cuotas en la universidad pública más grande de América Latina no era tarea fácil. Sin embargo, comenzó a sortearse y sostenerse gracias a las voces de intelectuales y académicos afines al proyecto Barnés, que aplaudieron la propuesta. Dentro de cualquier sistema económico y social, las personas reproducen ideologías y valores afines a su posición en ese sistema. Esta reproducción fortalece, a su vez, la estructura. Así pues, dentro de la lógica capitalista justificar las cuotas o hacer exámenes que excluyen a la mayoría de los aspirantes tiene una racionalidad: la UNAM ya no defendía intereses sociales, debía defender su “calidad”. Y esto es importante porque en el capitalismo ¡la calidad cuesta!.

De forma paralela, los esfuerzos para justificar las futuras reformas al Reglamento General de Pagos (RGP), se acompañaron de una intensa campaña de desprestigio contra aquellos estudiantes o grupos opositores a los que se calificó de profesionales de la protesta. Según los medios de comunicación y las declaraciones de las autoridades universitarias, estos eran agitadores ajenos a la universidad, que sólo buscaban desestabilizar a la máxima casa de estudios de América Latina y, en última instancia, beneficiarse de los conflictos internos de la universidad. De este modo, el rector y demás autoridades, buscaban desviar la atención nacional del problema real: la privatización de la educación pública en México.

El 15 de marzo de 1999, de manera unilateral, ilegítima e ilegal, el Consejo Universitario (CU) aprobó las reformas al RGP en una reunión convocada por Rectoría de manera secreta y en complicidad con las autoridades federales. Al Instituto Nacional de Cardiología, donde se llevó a cabo la reunión, sólo acudieron los consejeros universitarios afines a las autoridades universitarias. En cuestión de minutos las reformas fueron aprobadas, en un consejo al que no fueron invitados 50 consejeros universitarios claros opositores a este proceso, incluidos 23 de los 27 consejeros estudiantiles. Este hecho es fundamental (y es frecuentemente olvidado), pues muestra que el Estado y las autoridades universitarias nunca buscaron un diálogo real con la comunidad universitaria.

Dicho acontecimiento desencadenó el descontento y el aumento de las movilizaciones estudiantiles. El llamado al diálogo lanzado al rector y a las autoridades se hacía cada vez más fuerte y, a la par, se realizaron los primeros paros en las escuelas y se lanzó una convocatoria para consultar la huelga. Las amenazas y la represión desde instancias como el Tribunal Universitario y el abogado general de la universidad no se hicieron esperar sumado a la fuerte campaña mediática de desprestigio en contra de los grupos de agitadores profesionales contrarios “al mejoramiento de la universidad”.

Este era el mensaje que en diarios y medios televisivos y radiofónicos era difundido y replicado a todas horas. Valgan sólo dos botones de muestra. El escritor German Dehesa, desde el periódico Reforma afirmaba: Bien pensada, bien expuesta e indispensable alza de cuotas en nuestro mayor centro de estudios superiores […] La propuesta del Doctor Barnés la encontrará razonable y digna de todo apoyo. Tal es mi caso, pero me sospecho que habrá las consabidas revueltas político-estudiantiles (no olvidemos en que año estamos).

O Sergio Zermeño desde La Jornada: ¿Quién puede oponerse a que nuestra Universidad mejore un poco sus recursos estableciendo colegiaturas moderadas como las que el rector Barnés nos ha presentado en días recientes? […] ¿Quién nos asegura que una vez roto el tabú de la gratuidad, el próximo rectorado no nos hará saber "con toda pena" que la situación económica de la institución exige la supresión de las becas y la elevación de las colegiaturas?

Si la propuesta es razonable, los que se le opongan ¿qué son? Si la gratuidad es tabú, su defensa ¿qué es? Frente a la aparente racionalidad del aumento de cuotas, la oposición, también racional de los estudiantes, aparecía como todo lo contrario. Los medios de comunicación masivos, voceros del Estado y arma fundamental de las autoridades universitarias, se encargaron de desdibujar al sujeto y la razón de su oposición para llevarlo al terreno de lo ajeno, del otro, del que no quiere el beneficio de la nación y de la patria.

No era 1968, pero parecía. Todo el discurso que se empezó a difundir en contra del descontento estudiantil tomó palabras y “delitos” prestados de un pasado próximo que el Estado se empeñaba en olvidar y que los estudiantes comenzaron a hacer cada vez más suyo, propio. Ya no existía el delito de disolución social, pero, de seguir existiendo, también hubiera sido utilizado para estigmatizar al movimiento estudiantil y su legítimo rechazo al RGP y al golpe neoliberal a la educación pública. Segundo momento: El estallamiento e inicios de la huelga.

Frente a la negativa del rector de sentarse a dialogar y negociar, la Asamblea Universitaria decide consultar la huelga; la mayoría de los estudiantes votó por irse a huelga de manera indefinida como último recurso para lograr la abrogación del RGP y la detención del avance neoliberal en la universidad.

La huelga estalla: las escuelas se organizan, el Consejo General de Huelga (CGH) se conforma y consolida. La correlación de fuerzas cambia: existe mucho apoyo a los estudiantes por un sector importante de la población. Por ello, el Estado se ve obligado a fortalecer su aparato ideológico. El recrudecimiento de las descalificaciones al movimiento estudiantil y al CGH de reciente conformación, no se hace esperar, en este sentido el rector diría: […] los promotores del conflicto son grupos que siempre han estado a la espera de cualquier oportunidad para fracturar el marco constitucional vigente . Las autoridades universitarias no reconocen al aparato central de organización estudiantil.

Junto a esta campaña, las autoridades universitarias desgastaron al movimiento estudiantil en dos sentidos. Por un lado, materialmente, por medio de constantes ataques porriles –grupos de choque organizados por las autoridades¬–. Por otro lado, alargando la huelga con la finalidad de desgastar y aprovechar la diversidad de posiciones para dividir a la base estudiantil en dos bandos contrarios (los llamados ultras y moderados). Dicha división será lo que los medios se encargarán de crear y mostrar, desviando una vez más la atención del conflicto real que, como ya mencionamos, era la privatización de la educación, para situarlo como un conflicto entre estudiantes racionales e irracionales. Esta idea se vio reforzada por la caricaturización de las posiciones estudiantiles, sobre todo, de las posiciones ultras; ejemplo de ello fue el personaje creado para parodiar al Mosh, mismo que tenía un espacio importante en un noticiero de TV Azteca de amplio alcance nacional.

Tercer momento: Los estudiantes no supieron ganar. La propuesta de los Eméritos.

La estrategia estatal de ridiculizar las posiciones ultras y llamar a la racionalidad universitaria encontró un refuerzo central en la propuesta presentada por los profesores eméritos de la universidad el 27 de julio de 1999. El documento firmado por Luis Esteva Maraboto, Miguel León Portilla, Manuel Peimbert, Héctor Fix Zamudio, Alfredo López Austin, Adolfo Sánchez Vázquez, Alejandro Rosi y Luis Villoro; y dirigido a la comunidad estudiantil, a las autoridades universitarias y al CGH, planteaba, en términos generales, la suspensión del RGP y condicionaba la discusión de los puntos del pliego petitorio al levantamiento de la huelga. Dicha propuesta apareció en el diario La Jornada y fue ampliamente difundida.

Las autoridades abrazaron de manera inmediata la propuesta de los eméritos, quienes consciente o inconscientemente, generaron una de las iniciativas más importantes para derrotar al CGH. Las corrientes estudiantiles cercanas al Partido de la Revolución Democrática (PRD), también dieron su visto bueno pues para ellos la propuesta resolvía el conflicto e incluso plantearon que el movimiento había triunfado. Lo que estuvo detrás de tales declaraciones fue la serie de compromisos que dichas corrientes establecieron con la rectoría, de los cuales el central era el levantamiento inmediato de la huelga. Para el CGH la propuesta no resolvía, por lo tanto, exigió nuevamente un diálogo en donde ellos pudieran expresar sus posiciones y no solamente aceptar o negar una propuesta hecha sin ellos.

Ante la respuesta del CGH el aplastamiento y desprestigio mediático vuelve a la carga; sin embargo, en esta ocasión no fueron sólo las autoridades universitarias, de la mano de los académicos e intelectuales de gran renombre, quienes arremeten contra los estudiantes. Al coro de denostaciones se suma ahora el PRD, que si bien en un inicio se mantuvo de lado de los estudiantes, después de negociar en lo oscurito con rectoría, arremete contra el CGH, particularmente contra los ultras y los acusa de no saber ganar, o en otras palabras de no saber hacer política como ellos sí.

En esta avalancha mediática el diario La Jornada, que a los ojos del pueblo aparecía como el periódico de izquierda del país, pasó a ser herramienta central de difusión de la ideología dominante para derrotar al CGH y al movimiento estudiantil que recibió al nuevo milenio con la UNAM en sus manos.

Cuarto momento: El gobierno hará su parte pero los estudiantes tienen que hacer la suya. El plebiscito y la represión

El 6 de enero de 2000, en sesión del Consejo Universitario, Juan Ramón de la Fuente, nuevo rector de la UNAM, presenta la llamada Propuesta Institucional. La estrategia de las autoridades fue poner a consulta dicha propuesta, integrada por 5 puntos, a través de un plebiscito, el día 20 de enero del mismo año. De este modo, el nuevo rector, de forma demagógica y falsa, se apropia del discurso del movimiento estudiantil y convoca a “los estudiantes que quieran ser escuchados”, a un ejercicio “democrático” no para solucionar sino para “consensar” entre universitarios una propuesta de salida al conflicto.

Una vez más los intelectuales, entre ellos Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis; profesores, consejeros universitarios, integrantes del equipo de fútbol de los Pumas de la UNAM, empresarios e incluso actores de televisión, aparecen en los medios llamando a los universitarios a votar. El plebiscito era la pieza que faltaba para justificar ideológicamente la represión en contra del CGH. Ya lo había dicho Ernesto Zedillo unos meses antes: para defender, para recuperar a su universidad […] el gobierno hará su parte, pero los universitarios tienen que hacer la suya.

Según cifras oficiales, de un padrón de 400 000 universitarios, 180 000 acudieron a votar una propuesta que no era clara en lo que respecta a su interés último: la recuperación de las instalaciones universitarias. Si somos ingenuos o, en el mejor de los casos, condescendientes, podríamos pensar que los que acudieron a votar, no sabían que su voto sería utilizado para justificar la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP), de reciente creación. Podríamos pensar que todos aquellos que llamaron a votar la propuesta del nuevo rector de la UNAM, tampoco sabían que su voz con mayor o menor peso, sería utilizada para justificar la represión la madrugada del 6 de febrero del mismo año en Ciudad Universitaria. Y si seguimos siendo ingenuos podríamos creer que con el plebiscito, las autoridades universitarias y el gobierno local y federal, realizaron un ejercicio democrático y por el bien de los estudiantes, en donde más de 1000 estudiantes fueron reprimidos, detenidos y estigmatizados.

Sin embargo, a 20 años de la huelga más larga en la historia de la universidad con la eminente privatización y elitización de la universidad, no podemos ser ingenuos ni condescendientes. Todos los actores, que con mayor o menor información, avalaron la represión al CGH para poner fin a la huelga tienen una responsabilidad histórica innegable, desde los intelectuales, hasta los académicos, pasando por la izquierda institucional y progresista, que sólo querían “el bien de la universidad”.

Hoy no podemos seguir perpetuando ese discurso, mañosamente democrático y falsamente universitario. Hoy como en 1999, la necesidad de hacer frente al embate neoliberal a la educación pública sigue vigente. La defensa de la universidad, del acceso a la educación crítica y humanista para los más y no sólo para aquellos que puedan pagarla como se paga el servicio de la luz o internet, es una lucha que no terminó con la entrada de la PFP a la UNAM ni con el falso diálogo universitario. Tenemos que arrebatar nuestro pasado a los tergiversadores de la historia.

Esto no es una conclusión

Prueba de que la huelga estudiantil de 1999-2000 no es sólo un hecho más en la historia y cuya vigencia y necesidad es cada vez más evidente en las nuevas generaciones, es la continuación del embate ideológico en contra de la organización estudiantil. Lo vemos a través de la burla o de la oficialización de la versión de la huelga que las autoridades y el Estado nos pretenden vender a través de personajes ridículos como “Aldolfo” del programa de comedia Una familia de 10 (Televisa), que encarna a un estudiante fósil de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, dirigente del CGH; o bien, a través del financiamiento a largometrajes como Güeros, que si bien no nos cuenta la historia de la huelga o del movimiento estudiantil, contribuye a consolidar la visión de que el conflicto de 1999-2000, se redujo a una pelea entre estudiantes ultras y moderados. Para esta película, cabe resaltar, la universidad fue bastante abierta a “prestar” las instalaciones del campus universitario más ¿bello? de América Latina.

¿Cuál es la necesidad de continuar con esas representaciones hoy? ¿Por qué el Estado, las autoridades universitarias promueven o facilitan su difusión? ¿Por simple entretenimiento?, ¿Por fomento a la cultura? No. Es parte de una guerra cultural y de la necesidad de seguir justificando la represión. Por parte de las autoridades de la UNAM promueve la evasión de su responsabilidad y actuar político, que nunca tuvo la intención de escuchar y dar solución a las demandas del movimiento estudiantil. Es la continuación del aplastamiento militar e ideológico de un movimiento que a su pesar, y aún con todas sus campañas mediáticas, sigue vivo. Pues los problemas que el CGH planteó al Estado, a las autoridades universitarias, a los estudiantes y a la sociedad en general, no han sido resueltos.

EL TORITO | por TOR | Número especial 6, Año 6, 2019