EL TORITO | por TOR | [Número 22, Año 4, junio - julio, 2017]

Como usted recordará, asiduo lector de su periódico favorito El Torito, en el número anterior le presentamos un primer acercamiento a las reformas que, en materia de justicia laboral, se han hecho a la Ley Federal del Trabajo desde fines del año pasado y principios del corriente. Pues bien, como una segunda entrega de esta cuestión nos parece importante informarle sobre otro aspecto concerniente al nuevo modelo de impartición de justicia en el ámbito laboral.

Ya le habíamos platicado de las reformas al artículo 107 y 123 de la Constitución mediante las cuales las Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron transformadas en Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas. Al respecto le advertimos sobre las contradicciones de su función conciliatoria que se deben a su sesgado criterio propatronal. El siguiente aspecto de esta reforma se refiere a la creación de un organismo descentralizado con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; al cual, en el ámbito federal, le corresponderá, además de la función conciliatoria, el registro de todos los sindicatos y de todos los contratos colectivos.

¿Qué le parece? Estamos hablando de un órgano cuyas atribuciones lo dotan de una cuasi ilimitada capacidad de control dentro del orden de las relaciones laborales pues, como lo demuestra la historia del sindicalismo en nuestro país, el registro sindical y el registro de contratos colectivos juega un papel muy importante como instrumento del Estado para el control de los trabajadores que se organizan en sindicatos.

Y la cosa no queda ahí, adivine usted quién será el titular de dicho organismo. Pues nada más y nada menos que una persona designada por el presidente de la República. La reforma indica que, para la designación del titular de este organismo, el Ejecutivo Federal someterá al Senado una terna y la elección tendrá que hacerse en un plazo de 30 días mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Alta. Si en esos días el Senado no resuelve, ocupará el cargo aquel que, dentro de dicha terna, sea designado por el propio presidente de la República. Éste será designado por seis años, pudiendo reelegirse una vez, su nombramiento será transexenal y no podrá cambiar a pesar del cambio de presidente. Así, la presunta autonomía queda de lado, pues nada garantiza que este nombramiento no se partidice o se convierta en un botín para las fuerzas políticas que detentan el poder en México y que, cabe mencionar, representan los intereses de empresarios y patrones. Note usted el grado de autoritarismo al que serán sujetas las relaciones obrero-patronales.

Por otro lado, la reforma también establece las medidas para garantizar la expresión personal, libre y secreta de la voluntad de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, su participación en los procesos de suscripción y registro de los contratos colectivos y para la resolución de los conflictos entre sindicatos, así como todos los procesos administrativos relacionados. En materia de huelga establece que un sindicato que emplaza para obtener la firma de un contrato colectivo debe contar con la “representación de los trabajadores”.

Esta medida no suena mal, sin embargo, está obligando a las organizaciones sindicales a hacer de la toma de decisiones un procedimiento individual, anulando así los espacios de discusión colectiva y la creación de consensos respecto a la elección de sus representantes y respecto a la definición de los términos y el registro de sus contratos colectivos, así como del estallamiento de la huelga. Todo bajo el falso argumento de la democratización de los sindicatos por la vía jurídica. Ahora el Estado es el guardián de la voluntad individual de cada trabajador y con ello tendrá injerencia en los registros de los sindicatos, las directivas de los mismos, en los padrones de los sindicatos y en los términos de los contratos colectivos.

Antes de esta reforma pedir un registro sindical, obtener la firma de un contrato colectivo o emplazar a huelga ya significaban una labor muy compleja para el trabajador por el enfrentamiento con la patronal, pero ahora se tendrán que enfrentar complejos procedimientos ante las propias instacias gubernamentales. Si ya antes en la práctica el Estado mexicano había dejado de ser el árbitro en la relación obrero- patrón para convertirse en un adversario más del trabajador, ahora, al ser legal, esta situación será aun más grave.

Para la clase trabajadora de nuestro país la organización sindical, el contrato colectivo de trabajo y la huelga, son los elementos básicos de la lucha por sus derechos, pero el día de hoy están siendo duramente golpeados por los tres poderes de la unión en contubernio con los dueños del capital. Hoy enfrentamos un proceso de constante deterioro de la negociación colectiva, la precarización de las condiciones de trabajo y la pérdida paulatina de los derechos que históricamente había conseguido la lucha obrera.

Ante este panorama no dejamos de insistir en la necesidad de poner mucha atención en los pasos que ha dado el capital para controlar a su gran enemigo, el trabajador organizado. Es en la conciencia de clase y en la organización donde se encuentra el potencial para recuperar y reconstruir las condiciones de vida digna que como generadores de la riqueza nos merecemos.