EL TORITO | por TOR | [Número 21, Año 4, abril - mayo, 2017]

Seguramente, estimado lector, usted se ha enfrentado o conoce algún caso cercano de conflictos entre obreros y patrones, y aunque es sabido que estos son el motor de la historia, no nos referimos a ello sino a los casos que tienen que ver con el sistema de justicia laboral de nuestro país. Bueno, pues si es así, sabrá usted que estas situaciones se dirimen en las Juntas de Conciliación y Arbitraje Locales y Federal, de acuerdo con cada situación.

Estos organismos de impartición de justicia en materia laboral se instituyeron desde 1917 en la Constitución Federal. Eran tribunales que buscaban la equidad y la protección de los derechos de los trabajadores, por lo que estaban integrados por representantes obreros, patronales y de gobierno y buscaban también la aplicación de las leyes de manera flexible y no en forma rígida como los tribunales de derecho.

Ahora, después de dos siglos de funcionamiento, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, anunció la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como parte de una serie de reformas en materia de justicia laboral a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política Mexicana.

Quizá esta medida no le parezca tan mala noticia pues seguramente habrá escuchado una serie de juicios muy poco o nada positivos en torno al funcionamiento de las Juntas. Se habla de los vicios y la corrupción en los litigios laborales, de la tardanza en la resolución de los conflictos, de la falta de profesionalismo de sus miembros, de lo poco que sirven para proteger al trabajador, situación que se agudizó cuando, con la reforma laboral aprobada en 2012, se fijó un límite en el pago de salarios caídos en los juicios de despido injustificado (causa principal de los conflictos individuales de trabajo que se tramitan ante las Juntas), en fin, son muchas y múltiples las fallas de dichos organismos.

Sin embargo, le advertimos que la medida tomada está lejos de acabar con estas problemáticas, a continuación le compartimos nuestro análisis al respecto.

Con la reforma se sustituye a las Juntas de Conciliación y Arbitraje por tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, o sea dejarán de ser dependientes del ejecutivo para depender del poder judicial cuya supuesta ventaja es su autonomía. Sin embargo, sabemos que sólo es apariencia pues dentro de éste también se han resuelto múltiples conflictos a partir de consignas o de intereses políticos y económicos relevantes, recordemos el caso del SME y la resolución de los amparos en contra de las reformas a las leyes del IMSS y del ISSSTE y de la reciente Ley de Educación, casos que fueron resueltos por el más alto tribunal del país en perjuicio de los trabajadores y procurando los intereses del capital.

En concreto, el poder judicial también está influenciado por el ejecutivo y por los poderes fácticos de nuestro país y como muestra la elección de algunos ministros de la Corte cuya designación ha obedecido a intereses políticos y de amiguismo más que al interés de mejorar la impartición de justicia. Por tanto, trasladar a éste los asuntos laborales no cambiará las oportunidades de impartición de justicia, pues nada garantiza que se eliminarán los vicios y las malas prácticas encarnadas durante años en las Juntas. A caso lo que está detrás es la intentona de despojar veladamente del carácter político al conflicto entre capital y trabajo convirtiéndolo en un asunto meramente técnico y de conflicto entre particulares.

Por otra parte, a nivel local, los organismos constituidos a partir de la reforma: Centros de Conciliación, contarán con funciones conciliatorias y será requisito agotar esta instancia para ejercer la acción que corresponda ante el órgano jurisdiccional, es decir, se mantiene el aspecto de la conciliación, que dependerá de los estados y en la que participarán el ejecutivo, los sindicatos y los trabajadores para tratar de resolver el mayor número de conflictos posibles por esta vía. Si no hay solución se acudirá a la instancia judicial. Esto de ninguna manera es algo novedoso, lo que ocurre es que la conciliación como medio para solucionar los conflictos obrero-patronales fue perdiendo eficacia y de esto sólo ha obtenido beneficios la patronal.

Sin embargo, no sólo la conciliación sino todo el proceso de solución de los conflictos han ido perdiendo eficacia a través de los años. Por un lado, la función del carácter tripartita de las Juntas se ha ido pervirtiendo por el hecho de que sus integrantes fueron perdiendo legitimidad ante sus representados. En el caso de los trabajadores sus representantes han sido designados en su mayoría por las cúpulas de las centrales obreras afines al gobierno o en otros casos su actuación obedece a intereses particulares perdiendo su papel en la resolución de los conflictos y como hemos dicho anteriormente, nada garantiza que los nuevos jurados vayan a tener una actitud distinta. Por otro lado, la falta de presupuesto a las Juntas, que es la traducción de la importancia que tienen estos asuntos para el Estado mexicano, también se refleja en la ineficacia de los procesos de solución de los conflictos.

A nuestro juicio, el paulatino desmantelamiento de las Juntas ha ido en paralelo con las necesidades de transformación de las relaciones obrero-patronales siempre en defensa de los intereses del capital y en perjuicio del trabajador. Por tanto, querido lector, la solución en materia de justicia para el trabajador no está en manos del gobierno, quien se limita a transferir responsabilidades de una instancia a otra que quizá tendrá las mismas deficiencias. Ha quedado demostrado que las luchas legaloides aunque son importantes, son totalmente insuficientes y sobre todo con el sesgado criterio patronal con el que actúan las instancias, y más aún con el paulatino desmantelamiento de las estructuras tripartitas; la historia ha demostrado que la lucha política para la defensa de los derechos de los trabajadores es necesaria. La justicia para el trabajador está en manos del propio trabajador que, mediante la organización, debe impedir el desmantelamiento sistémico de sus derechos y de los organismos que han sido creados para su protección y que tanta sangre han costado a la lucha histórica de los trabajadores de nuestro país.

Continuará…