Las amenazas a la educación superior en los huecos de la ley. Hincándole el diente a la Ley General de Educación Superior


EL TORITO | por TOR | [Número 20, Año 4, febrero - marzo, 2017]

Híjole! Ya nomás de leer el título del artículo que te presentamos aquí, querid@ lector(@), estarás pensando en pasar de largo al siguiente texto del Torito. Algo menos tedioso y hasta más interesante debe haber en las páginas del órgano que tienes en tus manos, y no es albur, de veras. No es para menos el rechazo que te genera de botepronto pues estamos acostumbrados a que las leyes en este país estén hechas sólo para lucir bien bonitas en el papel, pero no para respetarse. Pero no es culpa de la ley “en sí”, de que sola se echó a perder, ¡no!, lo que pasa que está bien manoseada. Cuantimás si se considera que desde que se escriben, quienes pueden decidir más qué va y qué no –pese al discurso que nos quieren vender los de arriba de que nuestros representantes sí nos representan– son los que más dinero y poder tienen. A veces están escritas de una manera tan vaga que es más difícil encontrarle el truco o el hueco por donde se meten esos intereses. Ya no digamos de la aplicación de las mismas, donde el que pierde más siempre es el que menos tiene, menos sabe, menos puede criticar y menos herramientas tiene pa’ defenderse. Y por eso mismo es importante el ejercicio que te compartimos de conocer lo que se quiere convertir en regla y hacer pasar por ley para poderte organizar, hacer valer tu voz y luchar por tus derechos junto con otros.

En esta ocasión te compartimos un comentario al anteproyecto de Ley General de Educación Superior que se presentó a mediados del año pasado y que, aunque no ha pasado de ser un borrador a las páginas del Diario Oficial de la Federación, ya ha dado mucho de qué hablar. Se nos quiere convencer que la actualización de esta legislación se da porque se dieron cuenta después de treinta y ocho años –¿tanto? ¿te cae?, mmh, ¡bueno!–, de que no se estaba aplicando la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978 y que ya no correspondía a la realidad del país, ni a las tendencias-tendenciosas del mundo-mundial. ¡Ah qué culposa la ley! ¡Ah qué dilatados los legisladores en darse cuenta de la realidad de este país! Pero los que dijeron que se dieron cuenta fueron los de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que desde 2015 ya quería organizar las mesas de discusión que se concretaron en marzo del año pasado, 2016, de las que resultó el anteproyecto ¡Ah qué vivos los de la ANUIES!

En el documento del que hablamos no vemos un análisis crítico de la educación superior del país. Así no hay un planteamiento o propuesta de proyecto nacional de acuerdo a las necesidades y especificidades de nuestro pueblo, sino una vaga generalidad como decir que responda a las necesidades del país, regiones y localidades o plantear el objetivo general de contribuir al “desarrollo económico y social.” Pero bien sabemos que detrás de las letras en la realidad dura hay que distinguir quiénes son los que determinan eso y hoy por hoy son los dueños del dinero del país y los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y sus objetivos bien sabemos no son una educación integral, humanista y crítica, sino una reducida a elementos técnicos básicos, todo en función de la cultura empresarial, utilitaria, acrítica, que eduque sujetos obedientes y ajustables las necesidades de esos poderosos.

En fin, se acepta sin chistar la triste realidad educativa, la cual se ignora o se esconde ¿usted qué cree? Su historia en las últimas décadas ha sido la del desprestigio de la educación superior pública, la limitación del presupuesto y matrícula, el nulo crecimiento del sistema universitario público, todo ello en favor de la orientación hacia carreras técnicas cortas con la creación de institutos y universidades tecnológicas, así como el notable crecimiento de universidades privadas. Basta echarle un ojo al número 11 de Palabras Pendientes a propósito de la disputa por la educación superior. El documento parece centrarse en la coordinación nacional y el financiamiento, pero incluye disposiciones sobre instituciones particulares, el reconocimiento de la validez oficial, certificación, planeación y evaluación. Hincamos el diente en los aspectos que pensamos que se deben cuidar como amenazas a la educación superior.

A propósito de la privatización de la educación superior, en el capítulo III se puede reconocer la normalización de la situación generalizada en las últimas tres décadas, la transferencia de la función educativa al sector privado. Pese a que se señalan algunas restricciones, se legisla para que obtengan el reconocimiento de validez oficial de los estudios que impartan a nivel superior o bien indiquen que no la tendrán, y se presenta el peligro de transferencia de dinero público a manos privadas cuando se establece la posibilidad de que se generen “instrumentos económicos para estimular a las instituciones particulares de educación superior” como “estímulos fiscales, créditos, fondos, financiamiento de programas y proyectos especiales, facilidades administrativas u otros mecanismos de carácter fiscal o financiero” –según la propia definición de la ley–. Bien sabemos que no les faltan recursos y que sus intereses educativos distan mucho de los de la gran mayoría. Además se corre el riesgo de seguir debilitando el sistema público con la promoción de nuevos mecanismos de financiamiento para los cuales competirían universidades tanto públicas como privadas, en los que obtendrá el recurso quien se ajuste a las directrices y criterios dominantes. Por último, cuando se habla de “diversificación de las fuentes de financiamiento” para dichas instituciones, pese a que en otro rubro se señala que no se reducirá el presupuesto de las instituciones de educación superior, se genera otra apertura a la privatización de la educación superior. Por un lado cuando las universidades y centros de investigación se tienen que sujetar a lo que necesite el que suelta el dinero, que funciona como patrón para el desarrollo científico y tecnológico tanto como para la transferencia al sector privado–casos que ya se presentan en la actualidad–.Y por otro cuando comienza a lucrar con cursos especiales, intersemestrales, diplomados, talleres, coloquios, procedimientos administrativos, cuotas, etcétera.

Justamente el otro elemento peligroso reside en la apertura a los mecanismos de control a las universidades públicas. El establecimiento de regiones propuesto para la coordinación de la educación superior no parece tener un objetivo concreto, no deja claro cuál es el criterio de organización regional más allá del agrupamiento de estados, ni parece ser funcional para la aplicación de acuerdo con las particularidades regionales concretas. No queda clara la representatividad de las IES en los Estados en términos de públicas y privadas, sobre todo en lo que respecta a su participación en el Consejo Nacional de Educación Superior (CNES). La organización regional cobra sentido como mecanismo para que los funcionarios públicos federales y estatales apliquen “las medidas acordadas por el Consejo Nacional de Educación Superior” (Art 16), con lo cual dicho organismo sobrepasa las funciones consultivas y propositivas que se le atribuyen en la ley. Su creación se plantea como un “apoyo” a la coordinación de las IES de carácter consultivo y propositivo. En las funciones atribuidas al CNES en el artículo 20 de la propuesta predominan las de carácter propositivo por las consultivas. Eso se aclara si vemos cuáles son sus funciones y cómo se articula con la organización regional pues las medidas acordadas se aplicarán por los funcionarios públicos. Entre otras el organismo creará los criterios y definiciones de la evaluación externa –medidas que ya se implementan a diversos niveles–, para lo cual también se propone la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Superior y la evaluación por organismos “reconocidos”, que seguramente serán empresas privadas que lucran con la educación como el propio Consejo Nacional de Evaluación Educativa (CENEVAL) desde 1994.

¿Cómo afectaría a la autonomía de las universidades? La propuesta realizada por la ANUIES reconoce la existencia de universidades autónomas. Incluso parece incorporarlas al reconocer su carácter autónomo para regirse en cuanto a su vida interna o por la representación que tienen en el Consejo Nacional de Educación Superior. El artículo 2º señala que “Las instituciones de educación superior autónomas en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 3º Constitucional se regirán por sus leyes orgánicas, por la normatividad que deriva de éstas y podrán observar en lo procedente las disposiciones de esta Ley.” No es evidente con lo anterior cuáles son las disposiciones que “podrán observar” respecto de la ley propuesta. Podemos concluir que deben asumir la organización regional y la elección bianual de representantes para el CNES, lo cual implica que también deben asumir los acuerdos que se realicen en la instancia de acuerdo con las funciones ya señaladas del CNES, lo que significaría asumir las directrices, políticas públicas y criterios que emanen de la instancia. Tenemos que estar pendientes e informados de lo que se discute y se mete en la ley. Eso nos permitirá prepararnos para defender una educación superior pública, gratuita, científica y popular para nuestros hijos, hermanos, familiares y las generaciones por venir. Ya sabe que en el Torito de por sí lo invitamos a pensar, analizar, organizarse y luchar.