La libertad de expresión no es abstracta


por TOR - agosto 2016.


En 2015, el gobierno de la hoy CDMX publicó en la gaceta oficial el decreto de aprobación de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. El objeto de esta ley es, de acuerdo con el documento publicado, garantizar la integridad física y psicológica de defensores y promotores de los derechos humanos, así como de periodistas quienes sufran algún tipo de agresión producto del desarrollo de su trabajo.


Según dicha ley, el estado así como los organismos gubernamentales de las distintas entidades federativas, están obligados a otorgar medidas preventivas y de protección en función de un “análisis de riesgo” elaborado por estas mismas instancias a partir de un Mecanismo integrado por cinco órganos: Junta de Gobierno, conformada por autoridades federales y de carácter permanente; Dirección; Consejo de Evaluación de Evaluación de Medidas; Consejo Consultivo, cuyos miembros deberán tener conocimientos en materia de Derechos Humanos así como de las implicaciones del ejercicio periodístico; y Mesas de Trabajo Multisectorial. Dicho mecanismo tiene entre sus atribuciones, proponer iniciativas de ley encaminadas a la prevención y protección integral de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, impulsar la capacitación especializada de los servidores públicos en materia de defensa de derechos humanos y del derecho a la libertad de expresión con perspectiva de género así como establecer vínculos de colaboración con organismos públicos descentralizados de la CDMX.

A partir de los recientes asesinatos y desapariciones de periodistas tanto en Veracruz como en la Ciudad de México, se ha reconocido que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de manera honesta, crítica, veraz, etc., pese a que cuenta con amplias normas y protocolos de protección pensados para países en contextos de guerra, lo cual dice ya mucho del contexto de esta democracia en la cual vivimos, no sólo en México. ¿A qué se debe esto? ¿No es México un país democrático que como tal, promueve y defiende la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa?

Si bien dichas preguntas no son nuevas tampoco son inocentes, como tampoco lo son las autoridades e instancias encargadas de “defender la defensa de los derechos” trasgredidos por ellos mismos. No es casual que dicha ley haya sido publicada unos cuantos días después del asesinato de Rubén Espinosa, fotoperiodista de distintos medios en Veracruz, que decidió salir de esa entidad por las amenazas a su integridad física, moral y psicológica por mostrar lo que los gobiernos no desean que sea visto aunque sea evidente, así como de otras cuatro mujeres, entre ellas Nadia Vera, activista que había denunciado públicamente al gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte por hostigar y reprimir la organización social de un estado duramente atacado por el llamado “crimen organizado”. También fueron asesinadas Yesenia, Mile y Alejandra, de quienes no hay mucha información pero cuyos nombres fueron criminalizados tras la filtración de los informes judiciales por parte de la PGR que señaló a estas 3 mujeres de estar “presuntamente” vinculadas con el narco o la prostitución. De las cinco víctimas no se dijo que además de ser fotoperiodista, activista, promotora cultural, modelo, ama de casa, etc., éstas eran personas cuyo derecho a la vida les fue arrebatado a plena luz de día, en una colonia de “clase media”.

Un año ha pasado del “multihomicidio de la Narvarte” en el que nadie vio o escuchó algo que le fuera extraño, tan extraño y particular como lo pueden ser las detonaciones de arma de fuego, los gritos, en fin, cuestiones que escapan a nuestra imaginación. Ese año ha pasado como el de tantos otros casos: sin justicia, lleno de “presuntos”, de papeleos, de leyes, de mecanismos de protección que a nadie han protegido, pues pese a sus múltiples articulaciones, evaluaciones de riesgo y medidas preventivas, en febrero de este año la periodista Anabel Flores fue sustraída de su domicilio en Veracruz y su cuerpo fue hallado sin vida en una carretera en Puebla.


Un aspecto interesante es que la mayoría de los periodistas desaparecidos o asesinados en los años recientes han sido parte de Agencias o medios de comunicación “reconocidos”, aspecto que hoy permite señalar que si bien los ataques son a los medios por parte del Estado, son los periodistas, fotógrafos, reporteros, etc., los directamente afectados no sólo por las amenazas gubernamentales, sino también por las condiciones laborales a las que se enfrentan ya que no cuentan con salarios dignos y mucho menos con otras prestaciones como el reparto de utilidades, afore, atención a la salud, seguro de vida, retiro, fondo de vivienda, vacaciones y, pese a la contradicción, tampoco con viáticos para la cobertura informativa.

Frente a este panorama, ¿qué significa la promoción de esta ley de protección? Según el gobierno, una avance en materia democrática, según la realidad: asesinatos, censura y represión a los ojos de leyes que amparan al asesino por el simple hecho de que son hechas por ellos mismos.

Otro gran problema es englobar en un mismo lugar libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, derechos humanos, etc., que si bien encuentran puntos de unión, presentan problemáticas especificas. Pero los problemas no se acaban ahí, el carácter local de este tipo de leyes más que apuntar a la verdadera defensa y promoción del derecho humano a la “libre expresión”, más bien apunta hacia la defensa de los intereses locales de los gobiernos.

Por otro lado, esta fragmentación en materia jurídica fomenta la división al interior del gremio periodístico, pues según los acuerdos de los distintos gobiernos, se van generando zonas de mayor riesgo por la suma de intereses en juego: los del gobierno, los del narco, los de los grupos económicos, etc. Ante tales condiciones de trabajo debe elegir entre una vida digna pero en riesgo constante o una vida cómoda y poco crítica de la realidad, por decir lo menos.

Finalmente, más allá de los derechos humanos por sí mismos o del abstracto ejercicio de la libertad de expresión, consideramos importante prestar atención a la situación que pretende hacer de los derechos, leyes que terminan por ser “letra muerta”. Así, se hace necesario informarse, salir a las calles, platicar con el vecino, enterarse de la situación del mundo y del barrio, no sólo para mantenerse “debidamente informados”, sino sobre todo para generar comunidad, para organizarse y aportar a la construcción de un ejercicio informativo real, que sirva a los intereses de los más y no sólo de unos cuantos como ha sido desde hace más de 70 años.

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[Número 18, Año 2, Agosto-Septiembre, 2016]
La libertad de expresión no es abstracta