Notas sobre la reforma al sistema de salud


por TOR - agosto 2016.


¿Cuando se siente enfermo o tiene algún problema de salud, qué hace? ¿Va al consultorio del Dr. Simi? ¿Tiene IMSS o ISSSTE? ¿Le alcanza para pagar alguna clínica privada? Seguramente a donde sea que vaya siempre terminará odiando la atención y confirmando que en este país sale muy caro enfermarse. Pero sabe, querido lector, eso no tiene por qué ser así, atenderse y curarse no debería ser un viacrucis. Si en México nos cuesta cada pastilla que nos llevamos a la boca, así sea paracetamol, es porque hay algunos cuantos que lucran y hacen negocio con la salud de todos nosotros, de los de abajo claro.

Y ¿quiénes son esos cuantos que se llenan los bolsillos haciendo negocio con nuestra salud? Varios de estos personajes forman la “FUNSALUD”, Fundación Mexicana para la Salud, que a pesar de su nombre, no se preocupa ni se ocupa de cuidar nuestra salud. Lo cierto es que se trata una asociación de negocios, en la que algunos de los millonarios más importantes de este país, así como algunas de las empresas transnacionales más poderosas, planean cómo hacernos pagar más por medicinas y servicios médicos, cómo exprimirnos más el poco salario que ganamos.


La Funsalud fue fundada en los años ochenta y se asienta en un terreno que donó el entonces gobierno de Carlos Salinas de Gortari, desde el principio el gobierno le echó una manita a estos pobrecillos millonarios. El presidente actual de esta asociación es Pablo Escandón, apellido de alcurnia porfirista, quien es también miembro del Consejo Mexicano de Negocios, uno de los principales organismos de la burguesía mexicana, es decir, de los poderos y millonarios que mantenemos. Otros miembros de Funsalud son Alfredo Rimoch, uno de los magnates de la industria farmacéutica, Olegario Váquez, dueño de varios hospitales privados, la empresa transnacional Laboratorios Pfizer, Televisa y Tv Azteca, Grupo Bimbo, Cemex, Nestle, Hospital los Ángeles, CocaCola y la farmacéutica Novartis, entre otros. ¿Será que estos millonarios se preocupan realmente de nuestra salud? O ¿será que estos poderosos se curan en el extranjero y aquí en México sólo buscan seguir llenándose los bolsillos?

Son estos personajes los principales impulsores de la nueva reforma al sistema de salud. No es gratuito que de los últimos 9 secretarios de salud en el gobierno federal, 7 hayan sido miembros de Funsalud. Mercedes Juan, la ex secretaria de salud ocupó la presidencia ejecutiva de Funsalud, José Narro, actual secretario de salud, ha sido miembro del Comité Técnico de la fundación.

En abril de 2014 la ex secretaria de salud, Mercedes Juan, presentó ante el Senado la propuesta de reforma al artículo 4 constitucional, por la que se fundaría lo que han denominado Sistema Nacional Universal de Salud, mismo que sería parte de un Sistema de Seguridad Social Universal que incluiría seguro de vida, pensiones y seguro de desempleo. Hoy, a dos años y un poco más de esa presentación, nada se dice del sistema de seguridad social y las intenciones del gobierno se centran en la supuesta universalización de la salud. Nada de considerar los derechos a la cultura, al entretenimiento, al deporte, a la vivienda, a un trabajo estable y bien remunerado, etc., como partes fundamentales de la seguridad social. En abril de este año, 2016, el secretario de salud José Narro firmó el Acuerdo Nacional hacía la universalización de los Servicios de Salud, mediante el cual se comenzó la instauración paulatina de la mencionada reforma al sistema de salud, sin la necesidad de ningún cambio constitucional, sin ninguna discusión política, ya no digamos alguna consulta a los trabajadores de la salud o a los pacientes.

Esta reforma busca volver mercancía la salud de los mexicanos y privatizar el sistema de salud. Es decir, pretende hacernos pagar cada vez más, ya no sólo por medicamentos sino también por la atención misma, y busca que quienes se lleven todas esas ganancias sean organismos privados y empresarios, esos mismos que son miembros de Funsalud.

Dos ejes fundamentales articulan la propuesta de reforma. Una reestructuración del sistema de salud y la definición de una lista de “garantías explicitas de salud”. Estas últimas serían una lista de enfermedades y procedimientos médicos que estarían cubiertos por el llamado sistema universal de salud, de tal forma que cualquier mexicano pueda acudir a cualquier hospital para ser atendido. Lo que no dicen es que dicha lista es limitada, incluye desde inyecciones hasta cirugías sencillas, pero no atención a enfermedades crónico degenerativas, que son las que mayores gastos significan a los mexicanos.

La idea es que si usted vecino, vecina se siente mal o está enfermo podría acudir, digamos, al hospital más cercano a su casa, sin importar si este es del IMSS, ISSSTE o de la Secretaría de Salud, deberían atenderlo, sin embargo, la realidad que todos conocemos y que al parecer esos millonarios que se van a curar al extranjero ignoran, es que las clínicas y hospitales siempre están saturados, no se dan abasto, ni en personal ni en medicamentos. Entonces ¿cómo se supone que ese hospital cercano a su domicilio atenderá ahora a todos los que acudan? la respuesta que da el gobierno es sencilla: el paciente sería transferido a alguna clínica u hospital privado en donde sería atendido y el gobierno cubriría los gastos por dicha atención. El problema es que sólo cubriría los gastos incluidos en la dichosa lista de “garantías explícitas de salud”, lo que salga de ese paquete deberá ser cubierto por usted querido lector, mediante lo que llaman “copago”.

Esto no es más que un robo en despoblado, imagine vecino que en su casa se presenta un problema con la tubería y se está desperdiciando agua, ahora suponga que usted es plomero, y tiene la capacidad y las herramientas para arreglar el problema, ¿qué haría usted, llamaría a algún plomero o alguna empresa que le cobre quien sabe cuánto para componerle el desperfecto, o lo arreglaría usted mismo? Ahora imagínese que esas empresas de plomería, que pretenden cobrarle por solucionarle el problema, logran hacer una ley para prohibirle comprar herramientas, y peor aún para impedirle que sea usted quien arregle su tubería. Esto es básicamente lo que el gobierno y los empresarios de Funsalud están haciendo, llevan años desmantelando el sistema de salud y de seguridad social, llevan años robándose el dinero, dejando que el IMSS y el ISSSTE se mueran de inanición, reduciendo el presupuesto, de tal forma que ahora en lugar de que se busque fortalecer el sistema de salud y de seguridad social público, para que todos podamos atendernos en él, allanan el camino para que empresas privadas puedan venir a vendernos sus servicios médicos.

Mediante este esquema se transfiere dinero público hacia manos privadas, es decir, el dinero que el gobierno tiene y que nosotros ponemos a través de, por ejemplo, nuestros impuestos y nuestro trabajo, va a parar a las manos de los millonarios dueños de clínicas, laboratorios y hospitales privados. Es sencillo entenderlo, los principales impulsores de esta reforma son justamente esos millonarios, esos empresarios.

En términos generales la reforma busca generalizar la experiencia del Seguro Popular. Establecer la lista de enfermedades y servicios que se pueden otorgar y que por lo tanto deja fuera un sinfín de padecimientos y procedimientos; eliminar lo que resta del sistema de seguridad social y de salud público, haciendo que el IMSS y el ISSSTE quiebren, de tal forma que sean las empresas y hospitales privados quienes dominen; y por último, dejar sin derechos laborales a los trabajadores de la salud, estableciendo esquemas de contrato por tiempo, sin posibilidades para generar antigüedad, sin plaza base y anulando totalmente la estabilidad en el empleo.

Otra línea fundamental de la reforma al sistema de salud es la reestructuración organizativa. En términos generales se establecen cuatro funciones para dicho sistema. La primera sería la rectoría, el Estado mediante la Secretaría de Salud ejercería esta función estableciendo las regulaciones pertinentes según su visión, claro está. La segunda función es el financiamiento, es decir, la captación de recursos para pagar los servicios de salud, este dinero saldría de nuestros impuestos, en concreto la reforma pretende aumentar el IVA y/o establecer un impuesto generalizado, en palabras de Funsalud: “Se propone establecer un mecanismo sustentado en impuestos generales para financiar los servicios de salud, […] este mecanismo podría basarse en una combinación de gravámenes sobre el consumo […]”, es decir, pretenden que paguemos más los mismos de siempre, nada de cobrar impuestos a las grandes fortunas.

La tercera función es la de articulación, se trataría de instituciones que se sitúen a medio camino entre el financiamiento y la atención médica, es decir, que reciban el dinero del gobierno y lo entreguen a las instancias prestadoras del servicio. Se pretende que el IMSS y el ISSSTE realicen esta función, de complejos sistemas de seguridad social a simples mediadores, a simples pagadores. Asimismo la reforma propone que instituciones privadas, que obviamente ven sólo por sus intereses, sean también intermediarios. “La propuesta de Funsalud sugiere asignar la función de articulación a entidades públicas y privadas autorizadas por la institución rectora.”

La cuarta y última función sería la de la prestación del servicio, la atención médica propiamente dicha. Aquí es donde los empresarios se lamen los bigotes. Poco a poco han ido desmantelando el sistema público de salud, y ahora pretenden ser ellos quienes ofrezcan lo que llaman servicios garantizados de salud, obviamente tras un módico, o no tanto, pago. Esto de hecho ya funciona así en un sinfín de servicios que antes se brindaban en los hospitales y centros públicos y que ahora se subrogan, desde comedores, empresas de limpieza, laboratorios clínicos, etc.


Toda esta fragmentación de las diversas funciones enumeradas sólo pretende que sea más fácil que el dinero público termine en los bolsillos de los empresarios más ricos de este país, vestidos ahora de blanco, con el ropaje de instituciones de salud privada.

Ante este intento de reforma, que atenta contra nuestro derecho a tener una vida saludable, que pretende enriquecer más a los ya de por si ricos, la única salida es organizarnos y luchar. Luchar por esquemas de salud pública que comprendan que la salud no es un privilegio de quien tiene dinero, que no es sólo curar enfermedades, sino ante todo es prevenir, establecer sistemas de prevención, clínicas realmente funcionales que atiendan en las comunidades y barrios, dejar de invertir en grandes centros hospitalarios de especialidades a los que casi nadie llega, al menos no vivo, e invertir más en los hospitales del primer nivel de atención, es decir, clínicas familiares, hospitales regionales y locales. Asimismo construir un verdadero sistema de salud para el pueblo implica mejorar las condiciones laborales de enfermeras y médicos para que puedan ejercer su trabajo contando con los materiales y medicamentos suficientes.
Esta lucha por un sistema de salud al servicio del pueblo, de las grandes mayorías, de usted vecino, vecina, es una lucha que no podemos dar de forma aislada, debe sumarse a las luchas por una educación realmente pública y democrática, sumarse a la lucha por la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores de este país, desde las maquileras que en Ciudad Juárez se organizan hasta los maestros y maestras que en todo el país nos dan clases de dignidad.

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[Número 18, Año 2, Agosto-Septiembre, 2016]
Notas sobre la reforma al sistema de salud