¿Autonomía en la UNAM?


por TOR

Uno de los primeros mensajes que manifestó Enrique Graue, al asumir la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 17 de Noviembre del 2015, para el periodo que comprende 2015-2019 fue “La UNAM seguirá siendo autónoma, laica y gratuita”. Recién anunciado su nombramiento por la Junta de Gobierno, Graue expresó preocupación por los intereses de la comunidad universitaria y los principios de la autonomía, libertad y tolerancia. Pero ¿De qué forma piensa reconocer y atender dichos intereses? ¿Y a qué se está refiriendo cuando sostiene que la UNAM debe mantenerse autónoma? ¿Acaso está dispuesto a dialogar con las y los estudiantes e involucrar a éstos en la toma de decisiones sobre el rumbo de la Institución o se está refiriendo a los falsos espacios de representación? Porque hasta ahora la política ejercida desde la rectoría no ha podido distinguirse ni desprenderse de la política estatal. Prueba de ello son los planes y programas de estudio -impulsados por el capital trasnacional, mismos que permeados de los intereses de los de arriba, no propician el pensamiento crítico ni la participación política de los universitarios- y restringen el involucramiento real de los estudiantes hacia lo que acontece en la institución.


Decir que la Universidad debe ser o continuar siendo autónoma no basta, porque la autonomía no es positiva per sé. Al menos en la UNAM mucho depende de quiénes tienen la capacidad de tomar decisiones y ejecutar sus propuestas. Por ejemplo, cuando Graue, fue director de la Facultad de Medicina, en el 2008 y posteriormente en un segundo periodo en el 2012, se llevó a cabo la modificación del plan de estudios de la Licenciatura Médico Cirujano, y se creó el denominado: “Plan 2010”, cuyo sustento fue la implementación del enfoque por competencias justificado a través de una pedagogía holística. Al revisar éste, se observa entre líneas, como Graue y quienes junto a él implementan las nuevas políticas dentro de la universidad, muestran una falta de perspectiva hacia procesos de mayor transformación para una sociedad más justa. Aunado a procesos de diseño y elaboración en los que se excluye a la comunidad universitaria y se pone al margen del gran capital. De ahí que el rector no tenga empacho en declarar que “es necesario modernizar la enseñanza, aprender de las nuevas tecnologías de la información y reformar las licenciaturas, ligarlas más a lo que se debe saber hacer y no sólo al saber”. ¿A qué se estará refiriendo el rector cuando afirma ésto? ¿No les suena al enfoque por competencias su argumento? ¿Será que habrá de priorizar la práctica que la teoría?. No es extraño si pensamos que después de la implementación del proyecto neoliberal, la educación se convierte en mercancía subordinada a la lógica del capital internacional. Tampoco se trata de un chiste de mal gusto, que el rector afirme que “la autonomía es la capacidad de decidir, a través de cuerpos colegiados, cómo nos gobernamos, cómo educamos, para qué y cómo investigamos y cómo administramos los recursos” ¿Capacidad de decidir a qué deben responder las licenciaturas y con ello los universitarios?. Y frente a esto faltaría resolver ¿con respecto a qué es autónoma la UNAM? y ¿quién debería decidir cómo y por qué ejercer esa autonomía?

No parece incomodarle que sea desde las oficinas del Estado donde se deciden las políticas que debe seguir la institución. Al contrario, ha demostrado estar dispuesto a cooperar en la modificación de planes y programas de estudio a tono con las políticas que se impulsan desde arriba. ¿Cómo lo hacen? tecnificando y mercantilizando la educación, distanciando a las humanidades de las ciencias. Abriendo una brecha entre la investigación y la docencia. Y ejerciendo medidas de control sobre la planta docente, a través de evaluaciones curriculares de lógica productivista. Mecanismos útiles para detectar qué profesionales no son necesarios para su economía, quiénes si garantizan la producción de conocimiento ad hoc a sus intereses y cuáles podrían asegurar la implantación del discurso hegemónico.

Por eso y más, mucho más, las instituciones públicas de educación superior, -y no sólo la Máxima Casa de Estudios- requieren desprenderse de la lógica impuesta desde el Estado, que las ha utilizado para reproducir la ideología dominante (que legitima la idea de desarrollo y modernización) las prácticas antidemocráticas, la falsa consciencia y la formación de fuerza de trabajo que pueda sostener al actual sistema económico. Las universidades necesitan SI, ser autónomas. Pero mientras la autonomía no responda a intenciones críticas y revolucionarias que pugnan por transformar la educación y otorgar a las escuelas prácticas verdaderamente democráticas, los rectores en turno seguirán sosteniendo que la Universidad es autónoma, cuando en realidad van tras la preservación de un coto de poder y el beneficio del grupúsculo que tiene secuestradas las instancias de decisión.

En 1929, bajo el gobierno del presidente Emilio Portes Gil, la UNAM obtuvo su autonomía apostándole supuestamente a una educación neutral y objetiva. Para ello, según el Consejo Universitario de la época (lleno de futuros panistas), era necesario distanciarla de las políticas prosocialistas que estaban impulsando en el país, los gobiernos posrevolucionarios. Al obtener su autonomía, la UNAM no se convirtió en una institución democrática en la que estudiantes, profesores y trabajadores puedan incidir en la toma de decisiones. ¡Así es, tal como sucede en la clase política! Más bien, la autonomía conseguida consiste en la designación de un Consejo Universitario autoritario, encargado de “escuchar” cuando así lo cree pertinente, las "opiniones" de los consejeros estudiantiles o de la planta docente, que busca cada vez menos distanciarse de las políticas neoliberales, que deshumaniza la formación de sus universitarios generando una comunidad acrítica, a la que se le dificulta cada vez más organizarse para discutir el rumbo de la institución. Por ende, resulta esencial que de la mano de la autonomía universitaria vaya una estructura organizativa que garantice una verdadera democratización en los mecanismos de consulta y toma de decisiones de la institución.

Sin embargo, no dejemos que éstas prácticas nos nublen la vista y nos atraganten los discursos de una autonomía que no tenemos. No dejemos que el enfoque elitista del origen de la universidad y su estado actual nos impidan imaginar cómo hacerle para organizarnos y defender el proyecto de educación que habremos de construir entre todos. Ejemplos hay, incluso dentro de la UNAM han existido proyectos e intentos por disputar y confrontar a los sectores e intereses que dominan a la universidad a través de nuevas formas democráticas de abordar el conocimiento y la gestión del aprendizaje. Tal es el caso de la Escuela Nacional de Arquitectura (hoy Facultad de Arquitectura) que en 1972

a través del movimiento de autogobierno, confrontó a tal punto la estructura organizativa y los planes de estudio, que logró expulsar al director de la escuela y tomar bajo su control la mitad del plantel durante varios años, ejecutando su propia propuesta político-académica sin dejar de asistir un solo día a clases. ¿Lo decidió el mejor orador? ¿Lo decidió un grupo de estudiantes? No, fueron los arquitectos quienes en una Asamblea General determinaron los seis objetivos que conformarían su propuesta académica: totalización del conocimiento, diálogo crítico, conocimiento de la realidad nacional, vinculación con el pueblo, praxis y autogestión.

Más recientemente, la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) decidió salir a las calles y manifestarse por la defensa y lucha de la autonomía de su institución. Y nosotros, ante las contradicciones que existen en la UNAM, no podemos sino aplaudir el esfuerzo, así como apoyar la lucha y advertir que la batalla no terminará una vez que la institución pueda autodesignarse un rector. Habremos de estar dispuestos a formular estructuras organizativas que favorezcan la participación política de la comunidad y de la institución en su conjunto, en las decisiones que darán cotidianamente rumbo y forma a la universidad. Sabemos que el reto es grande, y las tareas no son sencillas. En universidades tan grandes como lo son las instituciones de educación pública en el país, la organización de una estructura que agrupe a la comunidad y posibilite que tanto profesores, estudiantes como trabajadores construyan en conjunto los procesos educativos y los objetivos de nuestras universidades, lo cual implica procesos de reflexión, discusión y análisis a profundidad. Queda ahí un pendiente más, que la sociedad habrá de atender, y quizá para ello, vale la pena recurrir a los referentes históricos y experiencias previas. Así, podremos nutrir las propuestas futuras y decidir al fin ¿cómo queremos aprender? ¿Para qué queremos aprender? ¿Y para qué nos va a servir aprender?. Por ahora, queda reflexionar en torno a mecanismos de participación directa, cogobiernos, autogobiernos, y diversos mecanismos de vinculación entre las labores universitarias y las problemáticas sociales que azotan al pueblo y que no están asociadas a los intereses del capital. Ese será tan sólo un paso para ir tejiendo organización…