Lo que emerge de una fosa.


por TOR

El pasado 9 de mayo, organizaciones civiles y ciudadanos de a pie, exigieron a la PGR que abriera las fosas clandestinas que se localizaron en el predio El Maguey, ubicado en la localidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos. El 23 de mayo, decenas de padres y madres de familia que buscan a hijos y familiares desaparecidos en distintas circunstancias, amanecieron en ese lugar con el objetivo de vigilar el proceso de exhumación de los más de 100 cadáveres ahí enterrados, algunos de ellos de manera ilegal, según informes del fiscal Javier Pérez Durón y del gobernador Graco Luis Ramírez Garrido.


Aunque el proceso de exhumación es reciente, las fosas no, éstas fueron descubiertas en 2014 debido al caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, desaparecido el 24 de mayo de 2014 en Cuautla (Morelos), por un comando de 7 hombres armados. Cuando su cuerpo fue localizado, su madre exigió se le entregara el cuerpo, sin embargo, éste fue enviado “por error” a una fosa común, que hoy se sabe, es una de las fosas clandestinas mantenidas por el Gobierno de Morelos.

Durante el proceso de investigación y exhumación de los cadáveres, el gobernador y el fiscal de Morelos, han declarado que “es una práctica común” de los gobiernos el mantenimiento de fosas legales y clandestinas. Por otro lado, el tema de fosas mantenidas por el Estado no es nuevo; en los últimos años, se ha incrementado el número de fosas auspiciadas por distintas instancias gubernamentales a nivel local y federal. En este contexto, cabe preguntarse, ¿qué significado tienen las fosas de Tetelcingo?

En primer lugar, aunque el Estado ha buscado por todos los medios deslindar este tipo de “cementerios” clandestinos, de los vertederos de cadáveres del crimen organizado, pues mientras éstas son reprobables, las mantenidas por el gobierno son “práctica común” pese a la ilegalidad de su existencia. Desde nuestra perspectiva, no hay tal diferencia pues a pesar de su esfuerzo por ocultar el sistema de relaciones entre la clase gobernante legal e ilegal, la exigencia de justicia ha hecho que de las fosas no sólo emerjan restos de vida, cadáveres, sino también la confirmación de este sistema de complicidad que lo único que sigue haciendo es golpear a los que menos tienen, incluso después de la muerte.

Asimismo, es un claro ejemplo de la importancia que tiene la vida y la muerte del pueblo para los involucrados en este tipo de alianzas. Enterrar cuerpos sin una ficha de identificación adecuada no sólo es un error burocrático, que para el caso es de lo importante, lo menos; estas acciones son muestra también de la desvalorización de la vida, humana, natural, cultural, etc., a favor de la acumulación del capital por la vía de la violencia, la represión y el despojo, mecanismos que con cada reforma política, se legalizan y quedan incorporados a las normas y leyes que rigen a este país de manera democrática.

Hoy, de esas fosas nace, una vez más, la exigencia de justicia, de una vida y una muerte dignas, donde la humanidad no se reduzca a un número, una carpeta más de un expediente que terminará por tirarse a la basura. Toca pues atender el llamado, cada uno desde sus geografías, para romper el miedo organizadamente.