EL TORITO | por TOR | [Número especial, noviembre, 2017]

En este texto, apreciable lector o lectora, queremos fundamentar la idea de que las omisiones del Estado en los sismos del 7 y 19 de septiembre fueron una estrategia planificada de control y contención social para administrar la tragedia en beneficio de poderosos intereses empresariales y en perjuicio de las clases trabajadoras. El bajísimo nivel de respuesta del Estado se manifestó en la minúscula cantidad de recursos materiales y fuerzas armadas movilizados, así como en el ocultamiento de la información de la catástrofe. Esto tuvo como uno de sus primeros objetivos el desgaste y control de la solidaridad, lo cual resultaba necesario para la futura administración de los negocios que el sismo produciría. La omisión del Estado convirtió el desastre natural en una tragedia social.

Para hacer más clara la exposición el texto se ha dividido en tres momentos respecto del 19 de septiembre: 1) antes del sismo del 19S, 2) durante el sismo y en los días inmediatos, y 3) pasadas ya algunas semanas del mismo.

Señalar las omisiones sistemáticas nos permite hacer evidente las estrategias del Estado para el manejo de crisis, pues una correcta apreciación de ello nos permitirá tener mejores herramientas para la lucha política. El Estado mexicano vive desde hace años dos profundas crisis, económica y de legitimidad, que han provocado el descrédito de sus instituciones: partidos políticos, instituciones de gobierno en los tres niveles, de los llamados poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cámaras empresariales, medios de comunicación, pero aún sin consenso social favorable se ha mantenido a flote cambiando cosas de poca importancia para dejar intacto lo fundamental, es decir la relación de explotación que los ricos hacen de nuestro trabajo y la servidumbre del poder político para con los poderosos.

Así, han logrado mantener dentro de límites manejables las crisis provocadas por la mal llamada guerra contra el narco, por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por las masacres en que el ejército se ha visto involucrado, por la aplicación de la también mal llamada reforma educativa, entre otras. El nivel de apoyo internacional que el Estado recibe no parece haber disminuido. Los poderosos intereses, nacionales e internacionales, que el Estado favorece o representa, también han contribuido a evitar el desastre que les representaría una renuncia presidencial. Por ejemplo, aunque en México hay tantos muertos por violencia y desaparecidos como en otros países que se reconocen en guerra, el consenso internacional es que aquí no existe una. La recomposición capitalista que han logrado es notable.

Ante la crisis, todas las oportunidades que se le presenten al Estado para avanzar en el proyecto de recomposición capitalista serán aprovechadas. Para la crisis económica buscarán cualquier oportunidad de reactivar la economía a través del estímulo de procesos de acumulación y de circulación de capital que aceitan la maquinaria económica y dan nuevas posibilidades de ganancia a los grupos empresariales más poderosos –en particular a las inmobiliarias–, en tanto que para la crisis de legitimidad buscarán cualquier pretexto para confundirnos y hacernos creer que podemos “trabajar junto a las instituciones para resolver nuestros problemas”.

Intentemos, pues, analizar con este marco la actuación del Estado en los sismos.

1) Omisiones antes del sismo del 19 de septiembre

Lo primero que debe señalarse es la importancia asimétrica que se dio a los sismos del 7 y del 19 de septiembre por parte de los funcionarios públicos, cuyas declaraciones fueron difundidas a través de los grandes medios de comunicación. El sismo del 7 se minimizó, al grado que no tenemos aún una idea precisa de los daños provocados en las entidades más pobres del país: Oaxaca y Chiapas. En tanto que el sismo del 19 recibió mayor atención por haber causado destrozos en la ciudad de México, el centro político del país, además en Morelos, Puebla, el Estado de México, Guerrero y algunos otros.

En esos dos estados que reciben el desprecio de los poderosos, tras el sismo del 7 murieron 98 personas, resultaron heridas 900, 110 mil inmuebles tuvieron daños y hubo ¡2 millones y medio de afectados!, datos recabados por los medios de comunicación [1], de los cuáles no existe un informe oficial fidedigno.

a coincidencia de que el temblor de 12 días después hiciera estragos en la capital fue aprovechado para dejar de hablar del sismo del 7 y promover el olvido de quienes en Oaxaca y Chiapas perdieron sus escasos bienes materiales y aún hoy viven en sus patios, calle o albergues y padecen la incertidumbre de no saber cómo van a reconstruir su vida.

Pero no sólo eso, pues mientras tanto, el Estado operaba una estrategia de militarización de las zonas afectadas de Oaxaca y Chiapas, en donde organizaciones políticas con influencia, como la CNTE, respondieron organizando la solidaridad, pero se vieron superadas por la magnitud de la catástrofe. Emplazar militares en esas zonas donde la conflictividad proviene de la pobreza a que está sometida la población era uno de los objetivos estratégicos del aprovechamiento de la crisis, la excusa perfecta del sismo se conjuntó con la amplia necesidad de la población de recibir la ayuda proveniente de otros lugares.

Pusieron militares en las zonas, pero casi nada más. No llevaron víveres, herramientas o materiales, en cambio, el presidente nos llamaba a la solidaridad con nuestros hermanos oaxaqueños y chiapanecos, señalando que “se necesitan despensas, víveres, ropa, para distribuirlas entre las personas damnificadas, es importante que la sociedad mexicana sienta como familia suya a Oaxaca y a Chiapas” [2].

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que desplegó 3,265 soldados en Oaxaca y Chiapas, y 10 binomios caninos [3]. Según sus informes, esas fuerzas distribuyeron 40 toneladas de ayuda enviadas por la Cruz Roja, y 32.5 toneladas donadas por la gente, y establecieron un centro de acopio en la Base Aérea Militar de Ixtepec, donde reportaron la recepción de 12 mil despensas, 75 mil 447 litros de agua, 9 mil 800 litros de leche y 6 mil 300 cobertores, y su papel se redujo a distribuirlos en 18 poblaciones de ese estado [4]. Por su parte, la Secretaría de Marina (SEMAR) trasladó más de dos mil despensas, recolectadas por la Secretaría de Marina, la Cruz Roja Mexicana y el Sistema DIF Nacional, sumando 24 toneladas de víveres [5]. ¿Y los recursos del Estado? ¿Por qué las fuerzas armadas se limitan a recolectar y repartir lo que la gente y la Cruz Roja donaron y a desplegar una estrategia de presencia y control social de las zonas afectadas?

Esto se va a repetir tras el sismo del 19 de septiembre, por ello es importante observar desde ahora que el Estado aprovechó la disposición de la gente para donar lo que puede comprar con su disminuido salario. Los empresarios, por su parte, se limitaron a declaraciones de solidaridad mientras veían aumentar sus ventas tras los sismos. Y los políticos se limitaron a tomarse fotos en zonas de desastre de las que salían corriendo tan pronto podían, mientras trataban de repartir los acopios a través de redes clientelares para beneficio político propio, “haciendo caravana con sombrero ajeno”, como dicen por ahí. Lo anterior se documentó y denunció, pero, como siempre, no hubo ni habrá castigo para esos aprovechados de la tragedia. Por el contrario, el presidente posó con ellos en las fotos para aparentar que les importa la gente.

Pero eso no es todo. Las omisiones del Estado en los días previos al 19S también se dan en cuanto a la revisión de los inmuebles de la ciudad de México y otras partes del país después del fuerte sismo del 7, pues se cayeron los edificios que debieron haber revisado. Sucedió lo de siempre: los patrones prefieren usar su tiempo para seguir produciendo ganancias, en lugar de hacer revisiones estructurales detalladas y serias que les hacen “perder el tiempo”, y prefieren pagar una “mordida” que pagar reparaciones a las estructuras. La sed de dinero de todas estas personas se conjunta bien con la corrupción del sector público sobornado para hacerse de la vista gorda por el incumplimiento del reglamento de construcción.

Después del sismo del 7 de septiembre no revisaron ni el Rébsamen, ni el Multifamiliar de Tlalpan, ni la fábrica de Bolívar y Chimalpopoca, ni el edificio de Álvaro Obregón 286, por mencionar los derrumbes en que murió la mayor cantidad de personas en el sismo del 19S. ¿Y cuáles son los nombres de los funcionarios que aseguraron en cada delegación que todo estaba bien? ¿Recibieron mordidas o actuaron a cambio de favores políticos? ¿Serán castigados por sus irresponsables omisiones? Seguramente no, la impunidad los cobijará, como siempre.

Y no sólo falló su “revisión” tras el 7, sino que con mucha anterioridad hubo voces que denunciaban la inadecuada regulación del boom inmobiliario en la Ciudad de México, donde se construía sin cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por el reglamento de construcción. Diversos estudios académicos y profesionales documentaron esta situación e hicieron propuestas a las autoridades, pero todo fue letra muerta. Por ejemplo, un estudio de investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM publicado el 8 de enero de 2015, analizó una muestra de edificios construidos desde 2004, y concluye que “a pesar de lo establecido en el Código de construcción de la Ciudad de México, no existe suficiente información técnica sobre el análisis y el diseño de los edificios existentes. Las notas estructurales son en general ambiguas y contienen poca información para reproducir los modelos estructurales. Esto dificulta la verificación del diseño y respuesta estructural de los edificios. Por lo tanto, las autoridades no tienen información suficiente para evaluar el riesgo sísmico actual de los edificios de la Ciudad de México construidos después de 2004”, además de que “las autoridades no tienen un registro actualizado de los Directores Responsables de Obra (DRO) y Corresponsales de Seguridad Estructural (CSE), a pesar de que ellos tienen la responsabilidad de la seguridad estructural de los edificios”, para sentenciar que “los verdaderos ganadores de este esquema son los inversores y accionistas, ellos reciben la mayoría de las ganancias sin ninguna responsabilidad en el caso de que algún sismo ocurra”, en tanto que la mayoría de los dueños de los edificios no permitieron la revisión estructural (del concreto y del acero) de los mismos, y que los “responsables de la regulación no parecen estar cumpliendo con su deber”, puesto que el estudio estima que entre el 36 y 71% [de dichas construcciones] no cumplen con los límites de servicio impuestos por la legislación estatal” [6].

En la ciudad de México el saldo del sismo del 19S fue de 39 inmuebles colapsados y 7,649 con daños, de los cuáles 321 podrían ser demolidos [7]. Todos sabemos que las inmobiliarias han hecho grandes negocios en la ciudad de México, encareciendo las viviendas y construyéndolas con materiales baratos con tal de embolsarse unos pesos extras a pesar de conocer las posibles consecuencias de su irresponsable comportamiento, y los políticos sólo los ven mientras se embolsan parte de ese dinero por concepto de sobornos. ¿Quiénes son culpables de esto: las inmobiliarias o los supervisores gubernamentales? En nuestra opinión, los empresarios y sus representantes en el gobierno.

Antes de finalizar la enumeración de las omisiones previas al sismo del 19S, es importante señalar la ausencia de equipos gubernamentales de rescate especializados, cosa casi asombrosa en un país cuya principal ciudad, con gran densidad poblacional, se asienta en una zona sísmica de alto riesgo. Los equipos de rescatistas civiles han sobrevivido a pesar de la política estatal que les niega cualquier apoyo. Por lo visto, el Estado ha decidido ahorrar en lo que no debe.

2) Omisiones durante el sismo y en los días inmediatos

a) Movilizaron pocos elementos militares y la mayoría no estaba en labores de ayuda

Según reportó el Estado, se desplegaron, desde el 19 de septiembre, ocho mil 614 elementos castrenses en los estados de Morelos (1,663), Puebla (1,185), Ciudad de México (4,169), Estado de México (120) y Guerrero (1,477), y 1,619 marinos en 20 áreas de las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan, principalmente [8]. Si están infladas estas cifras no sabemos, pero tomémoslas para hacernos una idea de las prioridades del Estado en la movilización de las fuerzas armadas, y comparemos esta movilización con otras. Si todos los elementos desplegados en la ciudad de México hubieran estado en las 38 zonas de derrumbe al mismo tiempo habría un promedio de 150 elementos, entre soldados y marinos por derrumbe, divididos en tres turnos el promedio es de 50.

Sin embargo, ni se aparecieron en todos los derrumbes, ni todos estuvieron en alguna zona de derrumbe, ni todos estaban desplegados al mismo tiempo. Cumplían con turnos de algunas horas y eran sustituidos por otros, pero además estaban en albergues, centros de acopio y en el campo Marte, algunos otros cuidando las carreteras y, otros más, haciendo cercos para proteger los intereses de los dueños de grandes tiendas departamentales como Walmart, Soriana, Home Depot o plazas comerciales para “evitar presuntos saqueos”.

Comparemos con otras movilizaciones. En la mañana del día del sismo del 7 de septiembre, EPN visitó Oaxaca, y la ciudad fue blindada con 1,500 policías federales para cuidar la visita presidencial [9].

En 2006 el operativo contra el movimiento magisterial-popular de la APPO constó de 3,500 policías federales, 120 miembros de la AFI, 300 policías militares y 5,000 efectivos militares desplegados en cinco zonas, en total casi ¡9,000 elementos federales!, sin contar municipales ni estatales para reprimir al pueblo oaxaqueño [10].

En 2009, cuando Calderón expidió el decreto que desapareció la compañía Luz y Fuerza del Centro, se montó un operativo militar con una gran cantidad de elementos de varios cuarteles y policías federales para asaltar las instalaciones, aunque se cuidaron de no difundir el número preciso [11]. Para la marcha que convocó el SME en respuesta al decreto, fueron movilizados 2,261 elementos, apoyados en 129 vehículos y dos helicópteros [12].

En Chiapas se construyó recientemente una base militar para albergar de forma permanente a 500 militares más de los que de por sí están destacados en ese estado tan militarizado, por cierto, el gobierno oculta la cantidad de elementos castrenses en la entidad [13].

Y más recientemente, más de 1,000 elementos federales y estatales fueron enviados a desalojar un bloqueo carretero en el poblado de Nochixtlán, Oaxaca, en donde cometieron una masacre [14].

Cabe señalar que la información sobre la cantidad de militares, marinos y federales involucrados en los múltiples operativos contra movimientos y organizaciones sociales es ocultada por el Estado de forma intencional, y seguramente miente cuando alguna de sus instituciones se ve obligada a informar, pero los botones de muestra sirven al lector para juzgar si está claro que desplegaron una cantidad ridícula de fuerzas armadas para labores de ayuda tras el sismo del 19S.

No es un detalle irrelevante que a las zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre en Guerrero y Oaxaca hayan movilizado inmediatamente 3,200 soldados y marinos pues, como hemos señalado, el Estado aprovechó la oportunidad para militarizar esas zonas. El número de militares enviados a esas zonas creció con los días [15].

b) Informaron ambiguamente sobre el Plan que seguía la reacción estatal

Desde el momento del sismo, las autoridades emplearon tres nombres diferentes para referirse al plan que aplicarían las fuerzas armadas frente al siniestro: Plan DN-III, Plan México y Plan Marina, nunca quedó claro cuál de estos tres se estaba aplicando y en qué consistía. ¿Se trató de un error? ¿o la confusión se provocó a propósito? ¿Qué podría haber motivado esa ambigüedad en el Plan a ejecutar? Tal vez sea puro mal-pensamiento el nuestro, pero ante la tesis de que el Estado fue omiso frente a sus responsabilidades, no señalarlas era un elemento que le daba la posibilidad de cubrirse la espalda.

Y es que resulta que si no se señala con claridad qué plan se aplica y en qué consiste, se deja en la ambigüedad cuáles son las autoridades involucradas en el plan y cuáles son sus responsabilidades específicas, y dificulta fincar responsabilidades a futuro porque no nos dijeron si el ejército o la marina debían llegar a tomar la dirección de las maniobras por contar con gente capacitada. Tampoco nos dijeron quién era el responsable de que no faltaran herramientas en las zonas de derrumbe, o de aprovisionar a los rescatistas, o de informar a las familias que acampaban a unos metros de los edificios colapsados.

También, ¿cuáles eran las responsabilidades de los delegados, gobernadores y otros funcionarios públicos? ¿Cuáles eran las tareas concretas de la policía y las fuerzas armadas? ¿Proteger de la rapiña o rescatar personas? ¿Portarían armas o palas? Como puede verse, esta ambigüedad les permitió limitarse a decir que “estaban trabajando”. Esto es consistente con el plan del Estado de dejar la responsabilidad de rescates fracasados a los voluntarios.

El Estado empezó a construir escenarios que le permitieran quedarse con las ventajas de los éxitos sin tener que asumir los costos de los fracasos y, de acuerdo a ello, actuó de forma diferente en cada lugar. Por ejemplo, frente a las cámaras de televisión se veían militares o marinos trabajando, pero la gente denunció en varios lugares que apenas se alejaban los reporteros se bajaban de los escombros y volvían a los cercos que establecieron en los derrumbes. En cambio en lugares muy atendidos por los medios, todo el tiempo se les veía dirigiendo y arriba de los escombros, como fue el caso de la Marina con sus chalecos de “Plan Marina” en el Colegio Rébsamen, donde Televisa, seguida por el resto de los medios de comunicación, montó un set para convertir en raiting la tragedia y lucrar con ella.

Sin embargo, sí fue posible observar el comportamiento de las fuerzas armadas en las diferentes zonas de derrumbe, y fuera de éstas. Hubo militares armados y otros no armados. Su labor principal en todas las zonas no fue involucrarse o dirigir los rescates sino formar cercos, tarea en que se ocupaba la mayoría de los militares presentes. Desde los cercos se dedicaron a estorbar las labores de rescate confrontándose con los rescatistas voluntarios por los detalles más mínimos y ridículos, pero cuidando que esas confrontaciones no escalaran al conflicto directo. Con esta estrategia desalentaban y desgastaban a los rescatistas y a la gente concentrada en las zonas y dispersaban la atención de si estaban o no haciendo lo que les correspondía en tanto fuerza armada, así ocurrió también con el rumor difundido casi a la misma hora en muchas zonas de derrumbe de que entraría maquinaria pesada sin que los protocolos de rescate se hubieran agotado, lo que provocó nuevos enfrentamientos que desgastaban el ánimo popular. Así, la presencia de los militares y los marinos estuvo destinada a la contención por desgaste y el control de los rescatistas y de los familiares de las víctimas del sismo.

c) La búsqueda de legitimidad y los medios de comunicación

Por otro lado, los medios de comunicación recibieron la línea de legitimar a las fuerzas armadas y no se cansaron de repetir que los militares y marinos “trabajaban junto a la gente para salvar vidas”, en un esfuerzo por lavarle la cara a una institución que goza de impunidad para cometer crímenes de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Debe señalarse también que hubo denuncias de acoso policial a personas que mantuvieron los centros de acopio conforme pasaban los días y se seguían movilizando a las zonas de derrumbe para transportar víveres o rescatistas. De forma similar, las fuerzas del orden no quisieron siquiera proteger de las agresiones a las caravanas de víveres hacia los estados, como el caso denunciado de los heridos de bala y las compañeras violadas en Oaxaca, lo que pasó desapercibido para los medios de comunicación, pero que contribuyó a que el miedo a ser solidario cundiera. Parece ser que en algún momento el Estado juzgó apropiado “cortar la solidaridad”.

d) No movieron recursos materiales y humanos suficientes

Mientras tanto, el presidente, el jefe de gobierno y otras autoridades llamaban a los ciudadanos a seguir nutriendo los acopios y, además de perecederos, donar lámparas, pilas, ¡herramienta, incluida la especializada!, bueno, ¡incluso guantes para las patitas de los binomios caninos! ¿Y los recursos del Estado? Se repitió la misma lógica que mencionamos arriba cuando hablamos del sismo del 7 de septiembre: la estrategia fue canalizar la solidaridad para desgastarla y al mismo tiempo aumentar las ganancias de tiendas departamentales y empresarios. El Estado escondió sus recursos y no los utilizó.

Tampoco fue evidente que echaran a andar equipos de dependencias y entidades de la administración pública, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad o Conagua, que seguramente tienen gente especializada que en caso de siniestro está contemplada en el plan estatal de respuesta. Esta afirmación se sustenta en que el Estado tiene el control estratégico del país para una respuesta eficaz, oportuna y contundente de todas estas fuerzas que sumadas, son miles de personas capacitadas, instruidas y especializadas para poner a la población fuera de peligro, pero no lo hicieron. Tampoco estuvieron a disposición de las labores de rescate las herramientas tecnológicas con las que el Estado cuenta para tareas de vigilancia.

Y en otro episodio vergonzoso, limitaron los recursos empleados para la revisión de inmuebles y presentaron como propios los dictámenes elaborados por las brigadas de arquitectos e ingenieros, estudiantes incluidos, que se organizaron en diferentes universidades [16].

e) Propiciaron el caos informativo y evitaron centralizar y brindar información oportuna

En otro punto de importancia, el Estado propició un caos informativo con el objetivo de dispersar y desgastar la solidaridad, así permitió que se difundieran rumores de entrada de maquinaria, de nuevos derrumbes y de necesidades del acopio, mientras limitó la información que brindó al pueblo. Por ejemplo, la mayoría de nosotros se enteró por medio de las redes sociales de la magnitud de los estragos causados por el sismo en muchas comunidades de Morelos, Puebla, Oaxaca, el Estado de México Chiapas y Guerrero, incluso hoy en día nos seguimos enterando por esas vías y no mediante declaraciones oficiales de lugares afectados. La situación de la delegación Iztapalapa es un caso cercano en la Ciudad de México que sirve para ilustrar este punto.

Varios días después del sismo, nos tuvimos que enterar por medio de las redes sociales y luego de algunos medios de comunicación de que en Iztapalapa había casi un desastre humanitario, un desabasto generalizado de agua que afectaba al 75% de la población y 19,000 casas afectadas [17]. El gobierno ocultó información que pudo ser útil para canalizar ayuda hacia aquella zona.

No es arriesgado afirmar que el conjunto de la infraestructura tecnológica de comunicación con la que cuenta el Estado posibilitaba elaborar un diagnóstico detallado de daños, afectaciones y necesidades por zona casi de inmediato, y no sólo en la ciudad de México, sino en el resto de las entidades afectadas. La desinformación provocó caos en la movilización de la gente que fue puesta a resolver por sí misma tareas para las que no tiene la capacitación específica y por lo tanto se hicieron de una forma ineficaz; así, con los medios a su alcance, la población estableció los primeros diagnósticos, trazó rutas y estableció puntos de reunión y de distribución de recursos y de brigadas de ayuda. El Estado no movilizo ni usó esas herramientas de recopilación de la información para ponerla a disposición del pueblo.

En un informe sobre el tema, la organización Artículo 19 señala tajantemente que “Durante las primeras horas y días posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017, los gobiernos federal y de la Ciudad de México han desplegado una estrategia de comunicación que no ha garantizado efectivamente el derecho a la información de la sociedad y de las personas afectadas. Durante la primera etapa de la crisis, la información oficial no ha sido un catalizador de protección y garantía de derechos. A la luz de estándares internacionales sobre los deberes del Estado en contextos de desastres naturales, Artículo 19 ha documentado un vacío informativo en diversos aspectos que tienen impacto sobre otros derechos humanos como la vida, la integridad y la seguridad personales” [18].

Pero además del vacío, hay claramente un problema con la intencionalidad de la información difundida, pues, como señala la misma organización: “las estrategias de comunicación social de las autoridades se han dedicado a promover la imagen del gobierno y a generar mensajes que exaltan el patriotismo y el heroísmo en lugar de proveer información pertinente y adecuada que garantice la vida y la integridad de las personas” [19].

El vacío de información y la ausencia del Estado en la coordinación central de los trabajos, causó conflictos y enfrentamientos entre voluntarios, con los familiares y con los equipos internacionales, mala coordinación de los equipos de rescatistas internacionales que en ocasiones fueron enviados a derrumbes donde no era necesario, pero también conflictos entre rescatistas y las diferentes corporaciones armadas desplegadas. No informar generó también un ambiente de tensión y estrés que fue parte de la estrategia de contención por desgaste que el Estado instrumentó.

En el colmo de la desfachatez, incluso el nombre de los muertos no se ha dado a conocer oficialmente. Asimismo se ocultó y tergiversó información que podría servir para deslindar responsabilidades por la pérdida de vidas, pues las actas levantadas por los ministerios públicos no coinciden con los lugares donde los cuerpos fueron encontrados, como bien documentó una investigación de Animal Político, que señala las “omisiones y contradicciones en la información oficial sobre cuántas personas murieron en cada edificio colapsado” [20]. Animal Político está construyendo un mapa contra el olvido porque “ubicar los lugares permitirá avanzar en la investigación sobre si estas muertes fueron causadas por edificaciones mal construidas o si hay responsables de lo ocurrido. Servirá además para confirmar la información oficial”, loable tarea cuya realización independiente pone de manifiesto esta omisión del Estado.

Hoy sabemos que los empresarios también ocultaron información para evadir responsabilidades, tal fue el caso de Soriana, Palacio de Hierro, Walmart y Liverpool, como bien documentó la investigación previamente citada [21].

Estos fueron los principales rasgos de la estrategia del manual de guerra para el control social y la contención por desgaste que aplicó el Estado en contra de las víctimas, sus familiares y la solidaridad que se fraguó desde los minutos inmediatos al sismo en la ciudad de México. Al respecto, conviene distinguir que hubo zonas donde se aplicó más el control y otras donde se aplicó más la contención.

En suma, el Estado, presente en muchas partes de nuestra vida, a través del espionaje de nuestras comunicaciones, que ejerce el sometimiento de los disidentes, la difamación a través de sus medios de comunicación de los maestros y trabajadores, la represión contra los movimientos políticos, la protección de empresarios explotadores, que encubre a grandes defraudadores del fisco y a gigantescos evasores de impuestos, que protege narcotraficantes y políticos ladrones y asesinos, que puso al ejército en nuestras calles, que nos vigila a través de cientos de cámaras con las que no ha logrado disminuir siquiera la delincuencia, que desapareció a los 43 normalistas y encubrió a las fuerzas armadas de ese y varios otros crímenes, ese Estado casi omnipresente, se ausentó de la protección civil, de la prevención de desastres evitables, dejando claro que dedica sus recursos sobre todo a la represión política y a la protección de las ganancias de los grupos económicos más poderosos asentados en el país.

3) La estrategia posterior al sismo: la reconstrucción

La estrategia de control y contención se mantiene a la fecha para encauzar la reconstrucción hacia la responsabilidad individual a través de créditos personales que significarán ganancias para los bancos. Se busca así bloquear la organización de los damnificados para una posible negociación colectiva. Esto, sumado a los fraudes que diferentes gobernadores cometieron contra el dinero del Fondo Nacional de Desastres, Fonden, será un negocio redondo para políticos, empresarios inmobiliarios y banqueros.

Recientemente aparecieron denuncias de que el Estado está aprovechando el sismo para emitir dictámenes fraudulentos de DRO’s que le permitan expropiar predios que seguramente ya tienen en la mira las inmobiliarias, ¿quién puede confiar en ellos? Si dicen que no hay daño estructural es tal vez para ahorrarse el dinero de la reconstrucción, y si dicen que hay daño estructural y que hay que desocupar, puede ser para expropiar el predio y venderlo al capital inmobiliario.

Esta desconfianza es normal dada la historia reciente que hemos vivido, lo siguiente sería reconocer que para empezar a resolver nuestros problemas sólo nos queda la organización, para forzarlos a actuar en nuestro beneficio. La organización va a requerir, sin embargo, la reconstrucción del tejido social, al cual han dañado profundamente con su “guerra contra el narcotráfico”, que en realidad es una guerra contra el pueblo.

Y ellos lo que quieren es hacer negocio, sin importarles el precio.

Notas:
[1]. Wikipedia. “Terremoto de Chiapas de 2017”. Todas las referencias de este artículo fueron consultadas en internet el 11 de noviembre de 2017.
[2]. Reséndiz, Francisco. “EPN llama a la solidaridad por afectados tras el temblor”. El Universal, 14 de septiembre de 2017.
[3]. Redacción, “Fuerzas Armadas y PF en ayuda a Chiapas y Oaxaca”, Periódico Cuarto Poder de Chiapas, 11 de septiembre de 2017.
[4]. Redacción, “Fuerzas Armadas y PF en ayuda a Chiapas y Oaxaca”, Periódico Cuarto Poder de Chiapas, 11 de septiembre de 2017.
[5]. Espinoza, Guillermo. “Fuerzas Armadas mantienen importante despliegue en el sureste del país”. Periódico Capital, 10 de septiembre de 2017.
[6]. Reinoso, Eduardo; Jaimes, Miguel A. y Torres, Marco A. “Evaluation of building code compliance in Mexico City: mid-rise dwellings”, Building Research and Information, Vol. 44, Núm 2, pp. 202-213, (2016).
[7]. Riva Palacio, Raymundo. “La tragedia se advirtió”, El Financiero, 27 de septiembre de 2017.
[8]. Quevedo, José. “Las Fuerzas armadas continúan prestado apoyo por los sismos”, México Aeroespacial, 27 de septiembre de 2017.
[9]. Matías, Pedro. “Presidencia blinda Oaxaca con mil 500 policías federales para la visita de Peña”, Proceso, 6 de septiembre de 2017.
[10]. Castillo, Gustavo, “Ya están Ejército y PFP en Oaxaca”, La Jornada, 29 de octubre de 2006.
[11]. Camacho, Zósimo. “Tropas del Ejército y agentes del Cisen contra el SME”, Contralínea, 1 de septiembre de 2013.
[12]. Terra, “Alternativas viales por marcha del SME. Caso Luz y Fuerza”, Sites-Mexico, 2009.
[13]. Mariscal, Ángeles. “Construirán instalaciones militares en Chiapas, anuncia la Sedena”, El Financiero, 14 de diciembre de 2015.
[14]. Salazar, Paris Alejandro. “Así planeó la Policía Federal el Operativo Nochixtlán”, La silla rota, 18 de junio de 2017. Agencia Reforma. “Detalla CNDH operativo en Nochixtlán, Oaxaca”, NVI noticias, 19 de octubre de 2017.
[15]. Quevedo, José. “Las Fuerzas armadas continúan prestado apoyo por los sismos”, México Aeroespacial, 27 de septiembre de 2017.
[16]. Aldaz, Phenélope. “CDMX reporta 3 mil 848 inmuebles con algún daño estructural”, El Universal, 22 de septiembre de 2017.
[17]. Redacción ADN40, “Iztapalapa declarada zona de desastre por el sismo”, ADN 40, 27 de septiembre de 2017.
[18]. Article19, “Información oficial: la gran ausente después del sismo”, 29 de septiembre de 2017.
[19]. Article19, “Información oficial: la gran ausente después del sismo”, 29 de septiembre de 2017.
[20]. Ureste, Manuel; Montalvo, Tania N.; Roldán Nayeli y Bobadilla, Omar. “#MapaContraelOlvido: ¿En dónde murió cada víctima del 19S en CDMX?”, Animal Político, 5 de octubre de 2017.
[21]. Maldonado, Mario. “La ética de Liverpool, Soriana, Walmart y PH tras el 19S”, El Universal, 10 de octubre de 2017. Pallares, Miguel. “ANTAD omite cifra de decesos en tiendas por sismo”, El Universal, 11 de octubre de 2017.

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