Luis Hernández Navarro | Revista Palabras Pendientes # 13 Nuestros Derechos en Disputa | Julio 2018

Hace poco más de tres años, el 15 de noviembre de 2014, concluyó el capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con la emisión de la sentencia en su audiencia final.

El TPP se fundó en 1979, hace 32 años, en Bolonia, Italia. Su función es hacer visibles y calificar en términos de derecho aquellas situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad. Tiene el objetivo explícito de convertir en permanente la función desempeñada por los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina (1974-1976).

El TPP aspira a ser una tribuna permanente para dar la palabra y otorgar visibilidad a los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales. La carta fundante que legitima su misión es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, proclamada el 4 de julio de 1976 en Argel. En ella se reconoce el derecho de los pueblos a existir y a la libre determinación.

La historia del TPP puede seguirse por conducto de sus hechos, de las sentencias que ha pronunciado, de la conceptualización que ha desarrollado, de la técnica jurídica que ha producido. Nace no como iniciativa, sino como instrumento. La calificación de permanente no es, en lo esencial, una connotación temporal o de duración de su mandato, sino que se refiere a su permanencia y a su trabajo sostenido.

El título del expediente México del TPP fue Tratados de libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Se propuso la realización de siete audiencias temáticas: violencia, guerra sucia, impunidad y acceso a la justicia; feminicidios y violencia contra las mujeres; violencia contra los migrantes, e inmigración como algo forzado; trabajo, precarización y desregulación laboral, y violación a derechos laborales colectivos; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía: los ataques del sistema agroalimentario industrial global contra la vida campesina y los pueblos indios; devastación ambiental: los efectos de la industrialización capitalista en los territorios de pueblos indios y población en general; y medios de comunicación, su pertinencia y su urgente independencia. Finalmente, a lo largo de tres años se realizaron 10 audiencias temáticas y transtemáticas, alimentadas por 40 preaudiencias. Alrededor de mil organizaciones sociales y ciudadanas documentaron la dramática violación de los derechos humanos y de los pueblos que se vive en México.

Muchas cosas han cambiado en México desde que hace tres años concluyó el TPP. De entrada, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cuya existencia parecía estar garantizada muchos años, hoy está en entredicho a raíz de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Este hecho ha significado un enorme trauma para las élites mexicanas, las económicas, las políticas y las culturales, que a lo largo de los últimos 30 años habían dicho que México no tenía más futuro que mirar al norte y formar parte de este pacto comercial. Y hoy, cuando Trump les dice que no es así, que tienen que hacer sus maletas e irse de allá, están absolutamente desconcertados. Ese tratado, que se presentaba como eterno, perdurable e inmodificable, hoy parece estar a punto de culminar, con todas las implicaciones que esto va a tener para el modelo de desarrollo del país. Se ha producido así un enorme pasmo y un gran pánico en las élites mexicanas al punto de que, incluso, se han lanzado a la calle a protestar en contra de Donald Trump. Y es que ahora resulta que su aspiración de ser abortó.

En el segundo terreno de trabajo del TPP, el de los Derechos Humanos, la situación también ha cambiado. En aquel entonces daba la impresión de que difícilmente podía ser peor a lo que se estaba viviendo. Acababa de producirse la trágica desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa. El mismo Tribunal estuvo marcado por esa tragedia y concluyó que los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de lo vivido.

“Todo aquello -dijo el TPP- que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado”.

El país estaba cimbrado por la enorme impresión de esa desaparición salvaje pero, al mismo tiempo, se vivían ánimos renovadores, porque había un enorme descontento popular en las calles. Se exigía, con mucha ira, la presentación con vida de esos estudiantes.

Parecía entonces que las cosas no podían ser peores. Sin embargo, tres años después, podemos ver que la situación de los Derechos Humanos se ha agravado muchísimo más de que lo que entonces pudo documentarse.

Las agresiones a los luchadores sociales y a los movimientos populares son terribles. El movimiento magisterial contra la reforma educativa vio cómo tres destacados militantes, el profesor Claudio Castillo, el profesor David Gemayel Ruiz y el compañero Antonio Vivar, fueron asesinados sin que haya habido el más mínimo atisbo de justicia.

También en el marco del movimiento magisterial de 2016, fueron asesinados siete pobladores en Nochixtlán –uno más murió manejando cuetes– y alrededor de 100 personas fueron salvajemente golpeadas –lo que es todavía más desesperante– es que el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre estos hechos, es una verdadera burla. En lugar de esclarecer las agresiones, el documento está elaborado para taparlos, en lugar de buscar llegar a la verdad, lo que se hace es tratar de oscurecerla, en lugar de señalar quiénes son los culpables, se pretende darles impunidad.

En Guerrero la represión a los líderes sociales no cesa. En octubre del año pasado fue asesinado el líder campesino-indígena Ranferi Hernández, junto a su esposa, su suegra y su chófer. Su muerte, es parte de una larga cadena de ejecuciones de líderes sociales, que en su momento fueron acusados de tener vínculos con movimientos armados –sin nunca demostrar que así fue–. Uno tras otro, al lo largo de los últimos años, han siso eliminados, en una especie de venganza del poder y de coletazo de la Guerra Sucia en ese estado. Ranferi es el último caso pero, desgraciadamente, no es el único.

Pero, no sólo se violan los derechos humanos de los luchadores sociales. En estos últimos tres años se ha agravado la violencia contra las mujeres en lo general y los feminicidios en particular. Se trata de una forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Si los feminicidios estaban entonces claramente localizados en lugares como Ciudad Juárez o en Chihuahua, ahora se han extendido por todo el país. Se ha declarado la alerta de género en 12 estados, aunque debería haberse decretado en muchos otros más.

No para ahí la cosa. Lejos de disminuir, los asesinatos de periodistas crecen. Durante 2017 fueron ejecutados 12, dos de ellos compañeros míos: Miroslava Breach en Chihuahua y Javier Valdez en Sinaloa. De tal manera que, si antes se asesinaba a periodistas de medios locales en la frontera de México o en el estado de Veracruz, hoy ningún periodista está a salvo, viva en la Ciudad de México o viva en cualquiera de las zonas de conflicto.

El delito que cometieron fue documentar no solamente los movimientos de los narcotraficantes, sino la forma en que estos están estrechamente vinculados con el mundo empresarial y con el mundo de la política. El narcotráfico en México no se puede entender al margen de sus conexiones con la política y al margen de sus vínculos con los circuitos empresariales que lavan este dinero.

Ya en el colmo de esta situación de descomposición, se ataca no sólo a defensores de derechos humanos -cosa que ya había venido sucediendo- sino también a los Ombudsman, es decir, a personal del Estado mexicano encargado de defender los Derechos Humanos. El Ombudsman de Baja California Sur fue asesinado pero hay, cuando menos, nueve Ombudsman más amenazados de muerte en Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas. A algunos de ellos les han secuestrado a sus hijos como forma de presión, a otros les han llegado vísceras humanas a sus oficinas, a otros más les han mandado coronas florales, celebrando por anticipado su defunción.

Hace tres años se pensaba que las cosas no podían ser peores. Hoy sabemos que son peores. Hay una verdadera crisis de Derechos Humanos que, sin embargo, está siendo oscurecida y menospreciada en los circuitos internacionales.

Las mujeres de Atenco lograron, junto con sus asesores aquí en México, colocar el caso en la Comisión Internacional de Derechos Humanos; los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, junto con la gente que les brinda apoyo, han podido convertirlo en asunto internacional. Sin embargo, fuera de México (y aún dentro) hay un silencio sordo en casos como el de Nochixtlán y el del asesinato de Ranferi. Pareciera que no sucede nada. Y la respuesta de la sociedad mexicana es muy limitada. Cuando mataron a Javier Valdez se produjo una explosión de descontento, pero al siguiente periodista que asesinaron ya no sucedió nada.

Hay en el país una crisis de derechos humanos muy grave. La reciente aprobación de la Ley se Seguridad Interior la agravará aún más. Es necesario encontrar un horizonte para enfrentarla. La formación del Concejo Indígena de Gobierno y la campaña de su vocera María de Jesús Patricio son hoy una herramienta fundamental en la forja de este nuevo horizonte.

Luis Hernández Navarro | Revista Palabras Pendientes # 13 Nuestros Derechos en Disputa | Julio 2018

Artículos de este número:

BONO SOLIDARIO E INFORMATIVO | Palabras Pendientes | Serie Espejos de Resistencia y Rebeldía

Palabras Pendientes | Serie Espejos de Resistencia y Rebeldía [2017 - 2018]

Los números que integrarán esta Serie "Espejos de Resistencia y Rebeldía" tienen el propósito principal de difundir y apoyar las luchas que se articulan y organizan en el Congreso Nacional Indígena. Son "bono solidario" ya que pretenden aportar un apoyo económico a las comunidades en cuestión, y son informativos porque intentan dar un panorama general mínimo de lo que sus procesos representan. La presente serie se enmarca en el paso a la ofensiva que los pueblos han comenzado y busca aportar, respetuosamente, a los pasos que decidan dar en este año 2017. Significa poner, si de algo sirve, la experiencia organizativa que la revista Palabras Pendientes ha representado al servicio de nuestros pueblos.