Eduardo Pérez | Revista Palabras Pendientes # 13 Nuestros Derechos en Disputa | Julio 2018

Contemplada desde la perspectiva crítica del grueso de la población —los que no tendríamos motivos para conocer pormenores de política o economía de la energía—, la reforma energética de 2013 podría inducir hacia dos posibles errores: pensarla como el resultado de una serie de actos de corrupción que conducen a que los funcionarios públicos del gobierno mexicano le entreguen al capital privado multinacional los recursos energéticos del país o a pensarla como el resultado de una serie de conspiraciones orquestadas a partir de la manipulación ideológica que el imperialismo estadounidense ha impuesto sobre la élite gobernante en México. Es cierto que los políticos profesionales del país —formados en escuelas extranjeras o nacionales— han sido imbuidos con mentalidades adecuadas a los intereses del gran capital trasnacional, y también lo es que las instituciones mexicanas están corrompidas en grado considerable; pero ambos aspectos son la simple superficie del problema. La Reforma energética, al igual que muchas de las políticas aplicadas en la historia moderna, corresponde a las grandes tendencias internacionales del capital para ampliar su capacidad en la acumulación de capital. Cabe recordar que la aplicación de ese tipo de políticas depende exclusivamente del equilibrio de fuerzas en favor de los grandes capitalistas, lo cual significa que, al menos a escala nacional, dominan tanto a las fuerzas anticapitalistas como a los capitales menores que en vano intentan competirles.

Para los capitalistas, como clase, la aplicación de las reformas ortodoxas son la condición sine qua non para el funcionamiento efectivo de la división internacional del trabajo. El costo de fallar en la aplicación del libre mercado es doble. Por un lado, entorpecer el flujo de circulación de mercancías, con lo que se reduce la realización del capital y, por tanto, su acumulación. Por el otro, los estratos locales/nacionales de capitalistas quedan excluidos del mercado mundial, con lo cual sus posibilidades de estancamiento o franco retroceso se incrementan en forma dramática. En este último caso, sus posibilidades de convertirse en una oligarquía rentista son altas, pero se quedarían debilitadas frente al gran capital volviéndose con toda seguridad en las futuras víctimas de este último.

Bajo esas consideraciones, es que las llamadas Reformas Estructurales de la ortodoxia neoclásica se convierten en un «imperativo categórico» para cada empresario nacional y para cada político profesional comprometido con el capitalismo. Ahora bien, es la necesidad de integrarse a la división del trabajo en un mercado mundial lo que les garantiza subsistir; en última instancia se trataría de competencia entre grupos de capitalistas locales, junto a sus propios políticos profesionales, para adaptar las políticas ortodoxas a su beneficio particular; es decir, tomar ventaja sobre sus competidores. De ahí que cada partido político-electoral cuente con propuestas apropiadas para satisfacer los apetitos del grupo empresarial que les patrocina, lo que les da ventaja sobre los competidores locales en la vinculación con el mercado mundial.

La situación de México tras las Reformas Estructurales del presente sexenio, incluyendo la energética, trata de mantener los procesos de acumulación de capital creando una óptima división internacional de las tareas de la producción capitalista, para lo que se requiere hacer competir a los grupos locales de capitales por la forma concreta de la supeditación estructural del mercado nacional al mundial, para lo cual se necesitan mecanismos concretos de extracción de materias primas y trabajo; esto último supone la domesticación de otras facciones nacionales de capital, pero sobre todo, de la clase trabajadora así como de otras subsumidas que pudiesen interferir con las necesidades del capital mundial. En otras palabras, no se trata de una conspiración sino de procesos históricos. La apariencia conspiracionista puede derivarse de un hecho real: la superioridad de la clase hegemónica para planear y ejecutar sus proyectos. Superioridad que tiene una base terrenal en dos puntos: su inconmensurable disponibilidad de recursos y la experiencia práctica para resolver problemas cotidianos. El paquete de iniciativas que componen la Reforma energética, además de ser continuación de la política ortodoxa que el capital hegemónico ha conseguido imponerle a México, también implica la ofensiva más demoledora de esa facción del capital sobre las demás facciones de su propia clase y en contra de las clases trabajadoras. La contundencia ha sido tal que el grueso de los defensores del proyecto nacionalista heterodoxo han doblado las manos y sus propuestas políticas electoral-legislativas se limitan a dar por hecho las consecuencias de la Reforma energética.

Tampoco es despreciable la cantidad de leyes creadas o modificadas, sin olvidar los tecnicismos con que fueron redactadas, suma de elementos que la hacen difícil de comprender, incluso para quienes se especializan en los ramos de la energía. Una guía fundamental para descifrar esa codificación de la Reforma e interpretar lo que en realidad se está haciendo con el sector, son los artículos transitorios de la reforma constitucional. En ellos los legisladores dejaron plasmado el sentido y los objetivos económico-políticos en que se despliega el proyecto reformista ortodoxo.

En el ramo de los hidrocarburos —petróleo, gas natural y derivados de éstos— la Reforma se enfoca en las siguientes acciones:

• Privatización de los campos petroleros.
• Privatización del sistema de transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos.
• Privatización de la comercialización.
• Consolidación de un aparato que legitime, en lo social, y conduzca por “buen” rumbo el proceso de apertura e integración al mercado mundial.

Aquí, vale tener presente en todo momento, que la retórica del presidente reformador sobre los recursos naturales, en la práctica es sólo demagogia. Lo anterior hace más evidente al considerar la premura con la cual invocan la necesidad de abrirle las puertas al capital privado; en esencia, al capital de las grandes multinacionales petroleras para la inversión en todos los ámbitos del sector petrolero.

En ese sentido, la privatización de los campos petroleros se justifica con las necesidades de inversión en campos petroleros de aguas profundas y ultraprofundas (respectivamente, mayores a los 500 y 1,500 metros bajo el nivel del mar) en el Golfo de México, áreas en las que PEMEX carece de la tecnología, capital y experiencia (erróneamente suponen que esos elementos no se pueden adquirir en el mercado). Bajo ese argumento se promovió la realización de concursos para concesionar la exploración y, en su caso, la explotación de los yacimientos petroleros disponibles. El objetivo presumido por los reformadores es la recuperción de las reservas probadas de hidrocarburos, así como la mejora en la extracción de éstos. Hasta inicios de noviembre de 2017 las tres rondas de licitaciones (la cero, exclusiva para PEMEX; la uno y dos, abiertas para todas las empresas) han sido principalmente de campos de tierra o aguas someras (menores a 500 mts de profundidad), con un total de 64 de los 73 campos adjudicados, en donde se supone que PEMEX tiene todas las condiciones para la extracción de los hidrocarburos. En lo que va de los procesos de licitación la mayor parte de los 73 contratos han sido para privadas, al menos 66 de ellos.

En Sudamérica se tiene documentado que este tipo de modelos de privatización de los hidrocarburos abren las posibilidades para que las compañías multinacionales se libren hasta de sus propios escrúpulos con tal de maximizar sus ganancias. Proceso que en lugar de sanear las finanzas de la empresa estatal tienden a empeorar su propia corrupción; el escándalo internacional por el caso de Petrobras en Brasil (al menos desde la época de Fernando Henrique Cardoso hasta el actual de Michel Temer, pasando por los izquierdistas de Lula Da Silva y Dilma Rousseff) es un ejemplo cercano para tomar en cuenta. Una vez desprendidos de sus propias ataduras ético-morales, la historia de las compañías petroleras ha demostrado que son capaces de incurrir en cualquier delito político, económico o social. En los transitorios y las leyes secundarias fomentan el comportamiento depredador del capital privado al priorizar el uso del suelo para la extracción de los hidrocarburos. Los términos obligan a las petroleras a ofrecer una compensación económica a los propietarios afectados por la expropiación de las tierras para la extracción, pero también obligan a las comunidades a aceptar los ofrecimientos monetarios o a quedar en manos de un juez que determine la justicia del monto, no para revertir la usurpación de su propiedad. De esa forma se sustituye el interés social por el del capital particular.

Tampoco se debe olvidar que al entregar los yacimientos petroleros al control de empresas privadas se cede por completo el control del sector. Resulta irrelevante que todo el crudo extraído se deba vender al Estado o que una mínima porción del crudo se pueda quedar en manos de compañías, será el precio de los hidrocarburos en el mercado mundial lo que determine el volumen de crudo extraído en lugar de las necesidades de la economía mexicana. Más aún, al entregarse al mercado mundial se corre el riesgo que el factor determinante del ritmo de extracción sean los intereses geopolíticos de las grandes compañías multinacionales y de los Estados imperialistas que las respaldan. Así, lo que pueda ocurrir con la economía mexicana y con los propios mexicanos es completamente indiferente a este modelo de desarrollo ortodoxo de la industria petrolera.

En el mismo sentido se inscribe la utilización de técnicas como el fracking las cuales son extremadamente nocivas para el ambiente o las comunidades. Es decir, al favorecer comportamientos ambiciosos se fomenta el hecho de que el capital privado busque la manera en la cual subvertir cualquier ley para obtener el mayor beneficio, aunque ello implique la utilización de prácticas devastadoras.

El caso de los sistemas de transportación, distribución y almacenamiento de hidrocarburos son el punto débil de PEMEX como empresa. Baste recordar accidentes tan graves como los de San Juan Ixhuatepec (1984 y 1996), Huimango, Tabasco (2005), Reynosa, Tamaulipas (2013) o las de San Martín Texmelucan, Puebla (2010); sin olvidar los daños ocasionados por el robo de petrolíferos que tanto han proliferado en los últimos sexenios al amparo de las propias autoridades federales (véase El cártel negro de Ana Lilia Pérez).

Al mismo tiempo el transporte terrestre, por medio de flotillas de pipas, ha sido un lucrativo negocio para políticos ligados al PRI. Recuérdese que el origen presunto de la fortuna del clan Hank comenzó con contratos ilícitos con PEMEX para el transporte de petrolíferos, que obtuvo el profe Carlos Hank González. El transporte por medio de carros-tanque también ha servido para controlar a los dirigentes obreros. En otras palabras, si el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es conducido por charros es gracias a los recursos que obtienen éstos de los contratos que PEMEX le ha entregado en condiciones poco claras.

Esas condiciones dejan clara la necesidad de reformar todo el sistema de distribución transporte y almacenamiento de hidrocarburos, pero la alternativa de entregar a las grandes multinacionales el transporte de los hidrocarburos no parece la mejor alternativa. Fuera del derrame intencional de los pozos iraquíes al Golfo Pérsico durante la Guerra del golfo en 1991 y del accidente en el pozo exploratorio Ixtoc I en el Golfo de México, el resto de los 20 derrames más nocivos en la historia petrolera han ocurrido en los sistemas de transporte, incluyendo al famoso derrame del buque-tanque Exxon Valdez en 1989 o el Sinclair Petrolore.

Respecto a la privatización del sector de comercialización, en gran medida, las áreas de gas licuado y gas natural ya se habían abierto. Al respecto, la limitación era que tendrían que adquirir el producto de PEMEX y el de los precios controlados por la Secretaría de Hacienda. El proyecto ha avanzado hacia la liberación completa de las restricciones para que las compañías impongan sus propios precios, así como los de importación directa. Respecto a las gasolinas, los pasos se están dando en forma aún más acelerada. Desde 2017 se permite la instalación de estaciones expendedoras de gasolina distintas a las franquicias de PEMEX; de manera paralela se rompió con la política comercial del precio único para todo el país colocando en su lugar márgenes que varían cada día (precios máximo y mínimo) en las diversas regiones en que se segmentó al país. La meta es que en algún momento la liberación sea completa, de forma que los expendedores puedan vender los combustibles nacionales o importarlos.

Finalmente, la Reforma también contempló el fortalecimiento institucional de un aparato regulador compuesto por oficinas tan diversas como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, el Centro Nacional de Control del Gas Natural y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Sin embargo, ese fortalecimiento es un simple agregado retórico. En teoría estas instituciones deberían tener las funciones necesarias para obligar a las empresas nacionales (incluyendo a PEMEX) e internacionales a desarrollar el sector de los hidrocarburos en beneficio de la economía mexicana, el bienestar social y la responsabilidad con el ambiente. Sin embargo, la dispersión de sus fuerzas, así como la duplicidad de sus funciones burocráticas, las perfilan como instrumentos endebles de una estructura que pretende mantener bajo control las ambiciones del capital multinacional de las compañías petroleras.

Las únicas herramientas con alguna posibilidad de solidez son los fideicomisos que se plantean para financiar el desarrollo de las industrias del sector de la energía, aunque su operación depende de decisiones conjuntas entre los órganos reguladores y el Banco de México. Es decir, su funcionamiento real estaría sujeto a que los reformadores ortodoxos que colonizan al Estado mexicano no estuvieran involucrados en el manejo de los fideicoimisos. Así, en el mejor de los casos, los recursos monetarios podrían acumularse, no obstante, lo que no se garantiza es el uso adecuado de ese dinero para cumplir con el objetivo de desarrollar la industria petrolera o eléctrica, y menos aún el de las energías renovables.

Siendo muy optimistas, la función de los Organismos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, es decir, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), alcanzaría para conducir el proceso de privatización y liberalización del sector reduciendo los efectos colaterales nocivos para los propios capitales beneficiaros de tal proceso.

Respecto a la energía eléctrica, la Reforma resultó ser el siguiente paso hacia la apertura del lucrativo negocio para el capital hegemónico. Durante casi 20 años se crearon las condiciones para que el capital privado se apoderada de una importante porción de la generación de energía eléctrica, pero sin poder obtener las ganancias extraordinarias con la venta a los usuarios finales. La Reforma de 2013 abrió constitucionalmente esa posibilidad, mientras que los artículos transitorios señalaron el camino que las leyes secundarias (Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Ley de Energía Geotérmica, Ley de la Industria Eléctrica; principalmente) debían seguir, es decir, se adecuó el marco legal para que las empresas privadas pudieran participar de la transmisión, distribución y comercialización de electricidad.

El riesgo de tal medida, además de fortalecer la tendencia a la concentración del capital, también es el de las amenazas que implica el manejo del sector eléctrico cuando se priorizan los intereses de la acumulación. Más allá de las deficiencias operativas de CFE, o la extinta Luz y Fuerza, el sistema eléctrico nacionalizado tiene una estructura integrada que le permitiría despachar el fluido eléctrico con eficacia y eficiencia. Priorizar los intereses de los privados ya ha ocasionado problemas graves en el sistema eléctrico, un ejemplo de lo riesgoso que esa política llega a ser fue la inundación de Tabasco en 2007, la cual se reforzó con las pésimas decisiones en la urbanización, que llevaron a la construcción de hogares en zonas donde el río solía inundar. La CFE consideró más importante adquirir la electricidad generada por empresas privadas para garantizar la ganancia de éstas. Para ello se redujo la generación de electricidad en el sistema de represas, lo que significó cerrar las compuertas para evitar que la caída de agua moviera las turbinas generadoras. Tal decisión en tiempo de lluvias hizo que el nivel del agua se elevase en forma peligrosa para la estructura de las represas.

Pero si el riesgo en la generación eléctrica es problemático, abrir la puerta a las demás fases del sistema eléctrico, eventualmente sería devastador para el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Los riesgos de operar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) bajo los criterios del capital multinacional son previsibles; en la historia hallamos casos de ambición desmedida como el de Enron cuyas prácticas fraudulentas llevaron a la empresa a la quiebra, tras generar una crisis de electricidad en California por los precios irracionalmente altos que impuso a los usuarios finales.

Algo similar ocurre con el desarrollo de las fuentes renovables de generación de energía. El pretexto usado por los reformadores es el daño ecológico sufrido por el planeta gracias a la sobre explotación de los combustibles fósiles. Las energías limpias son tecnologías relativamente nuevas, pero en lugar de crear proyectos de inversión para que las paraestatales las desarrollen, los reformadores han utilizado el segmento de las renovables para incubar la presencia masiva del capital multinacional en el Sistema Eléctrico Nacional. En los años previos a la reforma se promovieron las concesiones para generar electricidad mediante aerogeneradores. Tras la reforma, se ha complementado el cuadro con la promoción de concesiones a particulares para la generación geotérmica (a través del calor que genera la tierra: aguas termales, roca caliente no magmática y géiseres). En ambos casos se argumenta el carácter estratégico de la energía, se impone sobre otras concesiones y derechos de propiedad. Esto incluye las comunidades originarias, a las cuales, al igual que en el caso de lo referente a la industria petrolera, se les debe ofrecer una indemnización por parte de los privados, siendo que éstas quedan sin opciones reales de rehusarse a ceder sus tierras. Lo anterior, una vez más, implicaría una expropiación inversa que sacrifica el interés social por el de los particulares.

Para concluir, se hacen tres comentarios acerca de las consecuencias de la reforma energética y su contexto.

En primer lugar, el grado de desarrollo del capitalismo a escala mundial, pese a ser dispar, requiere de un gran progreso tecnológico que el capital sabe promover y apropiarse. En la actualidad, el estado de evolución del modo de producción dominante permite a los capitalistas lanzar una oleada expansiva que incorpora a comunidades enteras a una nueva relación de subordinación mucho más opresiva. En esa dinámica la obtención de recursos en forma de materias primas (incluyendo la energía) o mano de obra barata son un móvil para reconvertir el papel de esas comunidades en la división internacional del trabajo a cualquier costo y por cualquier medio. Así, se violenta el derecho de las comunidades a decidir su propia vía de desarrollo, sin olvidar la forma en que estructuró las relaciones en las regiones donde el capital se ha impuesto en todo su esplendor. Lo cual demuestra la necesidad por transformar tal sistema que termina aplastando a la mayoría en cada comunidad. Sin embargo, al reconocer que la capacidad de producir satisfactores mínimos para que la población mundial se haya multiplicado. Eso condiciona en forma importante las opciones de transformación, dado que una propuesta que implique algún grado de regresión tecnológico, que se base en consideraciones morales sobre lo comunitario o ecológicas, implicaría una catástrofe de proporciones apocalípticas. Se trataría de una utopía conservadora tan nociva como lo ha sido el dominio del capital. Cualquiera que sea el proyecto de transformación social que se construya, además de ser necesario que sea el producto de una integración global capaz de complementar los intereses locales con los nacionales sin incurrir en las relaciones de subordinación, también requiere que se stenga definido el papel del progreso tecnológico y, por tanto, del desarrollo de las fuentes de energía.

En segundo lugar, el proceso de definición de la participación de los trabajadores del sector es crucial por la especialización técnica que se requiere junto a las necesidades comunitarias y nacionales, en lugar de priorizar los ingeniosos proyectos económico-políticos de los reformadores.

El tercer lugar, que quedó expuesto tras la reforma energética y la forma en que se han sucedido los hechos, es la bancarrota de los capitalistas locales. Más que nunca éstos están dispuestos a rendir sus planteamientos heterodoxos (“progresistas” o “progres”) ante su derrota histórica y las oportunidades que les ofrecen los reformadores ortodoxos: integrarse al negocio, en una posición subordinada tanto en el mercado como en la política, pero a final de cuentas, segura. La realización de cualquier proyecto anticapitalista en el sector de la energía, por tanto, implica prescindir de las falsas esperanzas que la ideología de los heterodoxos le ofrecen a las clases oprimidas. Lo cual supone denunciar la traición a sus propios intereses, así como lo limitado que resulta su propuesta en el sector de la energía, cuya base es, como en tantos otros aspectos, el combate a la corrupción. Cual si ese fuera el problema principal en una nación obligada a desempeñar un papel subordinado en la división internacional del trabajo. La reforma energética no fue el pasó final en la agenda ortodoxa, pero sí es el más reciente. Lo cual no significa que sea ni irreversible ni insustituible. Aunque para tal meta hará falta una claridad sobre el papel del sector de la energía en un proyecto de desarrollo social anticapitalista, prescindir de excusas “progres” y construir una auténtica unidad entre la infinita diversidad de grupos que componen a las clases subsumidas.



Eduardo Pérez | Revista Palabras Pendientes # 13 Nuestros Derechos en Disputa - Mosaico de la lucha de clases en México | Julio 2018

Artículos de este número:

BONO SOLIDARIO E INFORMATIVO | Palabras Pendientes | Serie Espejos de Resistencia y Rebeldía

Palabras Pendientes | Serie Espejos de Resistencia y Rebeldía [2017 - 2018]

Los números que integrarán esta Serie "Espejos de Resistencia y Rebeldía" tienen el propósito principal de difundir y apoyar las luchas que se articulan y organizan en el Congreso Nacional Indígena. Son "bono solidario" ya que pretenden aportar un apoyo económico a las comunidades en cuestión, y son informativos porque intentan dar un panorama general mínimo de lo que sus procesos representan. La presente serie se enmarca en el paso a la ofensiva que los pueblos han comenzado y busca aportar, respetuosamente, a los pasos que decidan dar en este año 2017. Significa poner, si de algo sirve, la experiencia organizativa que la revista Palabras Pendientes ha representado al servicio de nuestros pueblos.